Trágica imprudencia

Once guardias forestales murieron el pasado domingo víctimas del fuego, en el noreste de Guadalajara, por la irresponsabilidad y manifiesta imprudencia de un grupo de excursionistas que en las peores condiciones posibles (extrema sequedad del monte, altas temperaturas y fuertes vientos) decidieron hacer la tarde del día anterior una barbacoa en el campo. A la tragedia se sumó la falta de recursos materiales y humanos en una primera fase, por lo que parecen legítimas las protestas de los vecinos cuando se presentó esa noche en el pueblo de Alcolea del Pinar la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que trató de obtener más detalles y aguantó con dignidad un vendaval de gritos e insultos, pese a que las competencias en esta materia corresponden a la Administración autonómica. Además de las víctimas mortales, el resultado de esta calamidad es la destrucción de más de 10.000 hectáreas de bosque que afecta parcialmente a un parque natural.

Por desgracia, sólo cuando ocurren incendios de tan trágicas consecuencias -el más grave de los últimos 20 años- nos acordamos de que ha llegado el momento de poner término a nuestra incivilizada conducta en materia de protección de la naturaleza, impropia de una sociedad que afirma ser desarrollada. Ha llegado el momento de que haya una regulación más estricta del uso público del bosque, de prohibir las quemas agrícolas y posiblemente establecer mínimos comunes en las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en la materia.

España es el país que registra más incendios forestales, bien sea por negligencia o dolo. El Ministerio de Medio Ambiente informaba ayer mismo de que en lo que va de año han ardido 52.699 hectáreas de superficie forestal, un 14,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En los últimos 10 años se han quemado 1,6 millones de hectáreas sobre 26 millones de bosque, con unas pérdidas de 3.500 millones de euros. ¿Quién lo paga? Lo más aberrante del caso es que gran parte de ese dinero va más a tareas de extinción que a las de prevención.

El Gobierno ha actuado con diligencia tras la catástrofe del domingo poniendo en marcha algunas medidas de urgencia y sugiriendo otras. Parece oportuno, como anunció ayer la vicepresidenta, reforzar la campaña de concienciación ciudadana, aunque eso obviamente no basta. Es necesario agilizar la persecución penal de delitos de incendio. El Código Penal de 1995 los castiga con penas de 5 a 20 años de prisión, pero son pocos los que al final van a la cárcel ante la dificultad y lentitud de las investigaciones. Es por ello oportuno que finalmente se cree una fiscalía dedicada exclusivamente a delitos contra el medio ambiente, según establece la nueva Ley de Montes cuyo proyecto aprobó hace un mes el Gobierno.