1.500 expedientes de dependencia de 2007 y 2008 están atascados

Unos 1.500 expedientes de personas que solicitaron las prestaciones que contempla la ley de Dependencia durante los años 2007 y 2008 se encuentran encallados en la burocracia de los despachos de la Consejería de Justicia y Bienestar Social y pendientes de resolver. Unos 500 corresponden a solicitudes de 2007 y otros 1.000 son de 2008. Ello supone que hay personas que presentaron la solicitud el año en el que la norma comenzó su andadura (2007) y aún se encuentran a la espera de una respuesta de la Administración. Otros, correspondientes a los dos años, habrán fallecido durante el proceso.

El departamento que dirige Jorge Cabré trasladó ayer esta información a las plataformas provinciales que agrupan a los dependientes y sus familiares en una reunión que mantuvieron en las dependencias de la consejería.

Bienestar Social culpa al Gobierno de los problemas de financiación

El encuentro, que según los miembros de las entidades ciudadanas transcurrió en un ambiente de cordialidad por parte del consejero, sirvió para confirmar una situación que afecta a todas las parcelas de gobierno de la Generalitat, y que consiste en que "no hay dinero", como apuntó el coordinador de las plataformas Jaime-Esteban García. Cabré se excusó al indicar que el día de pago no es de su competencia ya que "depende de una orden de Tesorería".

Todo ello se ha traducido no solo en un notable retraso en el pago de las prestaciones a las personas a las que se les ha reconocido el derecho a percibirlas, sino en una demora en la liquidación a quienes ya habían comenzado a cobrar las ayudas, una situación que se hace más evidente en el caso del pago a los cuidadores familiares. A este respecto, la consejería admitió los problemas de caja que tiene, relacionados con la falta de liquidez generalizada en la hacienda valenciana, y se comprometió a pagar durante el mes siguiente al correspondiente a las ayudas. De esta forma, las prestaciones de septiembre se pagarán a lo largo de todo el mes de octubre.

La consejería responsabilizó de esta situación al Gobierno central, al que acusó de no asumir la responsabilidad que le corresponde en la financiación de la ley y hacer cargar la mayoría del peso económico a la Generalitat.

En el encuentro, Bienestar Social se comprometió a reconocer la retroactividad en el pago de en todos los expedientes aprobados a partir de marzo de 2011. Las personas a las que se les concedieron las ayudas antes de esta fecha tendrán que recurrir para poder recibir las prestaciones.

Los representantes de las distintas plataformas valoraron "la voluntad de explicación, de hacerse entender y el interés y las ganas de colaborar" del consejero, pero recordaron que su política es "continuista" respecto a sus antecesores.

Por su parte, el consejero avanzó que la asignación para atender a la dependencia "no se verá reducida en los presupuestos de la Generalitat para 2012". La Generalitat financia 50.527 prestaciones para 43.922 personas, comentó. Además, añadió que el último año la Administración ha aumentado un 51% las prestaciones con una caída de ingresos del Estado del 18%.