77 chalés, 77 estafas

F. Javier Carrión (PP) y Antonio Polo (del PSPV hasta el jueves pasado) están imputados por prevaricación y delito contra la ordenación del territorio. El primero se encargó de consentir la construcción de 77 chalés en distintas zonas de las afueras de la localidad, en terreno rústico no urbanizable de uso común. Las constructoras levantaron viviendas de una o dos plantas con piscina. Las inmobiliarias anunciaron aquí y en el extranjero una urbanización de lujo, con lago artificial, colegio, comisaría de policía, estación de tren... el paraíso. Y los compradores, ingleses, escandinavos y alemanes, pagaron por algo que ni existía ni podía existir porque no hubo nunca licencia. Ante notario recibieron unas escrituras de una participación en una parcela indivisa. La ley recoge que esas víctimas no pueden verse más perjudicadas por un procedimiento judicial. Es decir, aunque estén la mayoría dentro del límite temporal que permite el derribo, el perjuicio que supondría no lo admite la ley. Y si así fuera, deberá entonces el ayuntamiento devolverles lo que pagaron e indemnizarlos. Por tanto, las casas pasan en principio a un lugar de alegalidad, una situación que la ley no contempla. Podrán ser legalizadas si se cumple lo que la ley valenciana recoge en los artículos del 27 al 30.