Por una Administración más valenciana
Las Cortes Valencianas debatirán hoy la Ley para la Ordenación y la Gestión de la Función Pública Valenciana, una ley trascendental para la vida pública, ya que regula los aspectos de la Administración valenciana y, con ello, el uso normal de la lengua propia en todas sus instancias. En este sentido, la ley debe aplicar los preceptos de otra, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que establece en su artículo 7 que "el valenciano, como lengua propia de la Comunidad Valenciana, lo es también de la Generalitat y de su Administración pública, de la Administración local y de cuantas Corporaciones e instituciones públicas dependan de aquellas".
La mejor garantía para una Administración moderna, eficiente y capacitada para atender a la ciudadanía con el mejor trato y eficiencia, y para ser percibida como una aliada del ciudadano y no como una estructura ajena, es la atención normal en las dos lenguas oficiales, con un uso general y normal de la lengua propia en los territorios que la Llei d'Ús declara de predominio lingüístico valenciano. Y para que este principio tan elemental y respetuoso sea una realidad solo hay una vía: la competencia lingüística de los empleados públicos en los dos idiomas oficiales.
No podemos ser los que menos respeto mostremos por nuestra lengua propia
"Competencia lingüística" es un término que define mucho mejor lo que se ha dado en llamar "requisito lingüístico", una expresión que parece poner un énfasis excesivo en la parte "requisitoria" (en la exigencia) y demasiado poco en el aspecto más relevante para una sociedad y una Administración del siglo XXI: la "competencia", es decir, la capacidad y la excelencia, junto con el respeto por los derechos y el buen servicio a los ciudadanos. Así lo han entendido y aplicado a su legislación todas las otras comunidades autónomas con lengua propia: Cataluña y el País Vasco, pero también las Islas Baleares y Galicia, con gobiernos del PP presididos por Gabriel Cañellas y Manuel Fraga, respectivamente.
Es cierto que llamarlo "requisito lingüístico" ha favorecido una cierta demonización interesada del concepto y ha servido para presentarlo como una exigencia desmesurada. Nada más ajeno a la realidad: cualquier joven valenciano que haya completado con aprovechamiento la escolarización obligatoria, sea en la "línea en valenciano" o no, tiene ya un nivel equivalente al nivel medio de conocimiento de la lengua propia. Y es este precisamente el que las demás comunidades autónomas han establecido para acceder a una plaza en la Administración pública. La misma Generalitat valenciana ya hace años que lo aplica en las oposiciones de maestros y profesores.
Pero además, hay un motivo más que justificado para su inclusión, y es que ha de entenderse -así lo han entendido otras comunidades- como un incentivo a los jóvenes que se han esforzado en aprender e implicarse en la lengua propia. Si la ley valenciana continúa siendo la excepción y la única que no da cabida a la competencia lingüística, será lícito entender que la Generalitat no cree en el valenciano más que para usos folclóricos y desprecia el esfuerzo de tantos valencianos, jóvenes y menos jóvenes, por aprender nuestra lengua y vivir en valenciano.
Los valencianos no podemos ser los que menos respeto mostremos por nosotros mismos y por nuestra lengua propia. La inclusión en la ley de la competencia en las dos lenguas es una garantía de futuro, de arraigo de la Administración al medio y de capacidad probada de los empleados públicos. Y esta nueva ley de la función pública valenciana es una magnífica oportunidad para avanzar vinculando nuestra lengua a la excelencia de nuestra Administración. Así lo han dicho en sus informes las dos instituciones de la Generalitat con competencia en materia cultural y lingüística: el Consell Valencià de Cultura y la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ahora son los representantes políticos valencianos los que deben hacer un esfuerzo de integración y de apuesta por una Administración más valenciana, arraigada y eficiente.
Manuel Pérez Saldanya es vicepresidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.
