Afectados por la ley de costas piden el fin de la arbitrariedad

"Queremos una solución rápida del Gobierno porque esta situación de acoso y derribo permanente no podemos soportarla mucho más", dice Carmen del Amo, propietaria de una vivienda en Alicante situada en dominio público marítimo y presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Una decena de miembros de la dirección nacional se reunieron ayer en Valencia en el hotel Sidi Saler -establecimiento de lujo amenazado también por la ley de 1988- para valorar dos hitos importantes para esta organización, a la que pertenecen 20.000 afectados: la aceptación por parte del Parlamento Europeo de una queja contra el Gobierno de España por lo que consideran una aplicación arbitraria de la ley de costas y la salida del Ministerio de Medio Ambiente de los responsables políticos de la pasada legislatura, a los que culpan de una aplicación "integrista" de la norma, según el portavoz de la plataforma, el abogado José Ortega.

Del Amo insistió en que la nueva ministra, Elena Espinosa, los reciba y "entre todos busquemos una solución al limbo jurídico en que nos encontramos", remachó Ortega. Esta organización estima en al menos 300.000 las familias españolas que ven amenazadas sus propiedades por esta ley. Del Amo y Ortega tienen sus esperanzas puestas en el proceso recién abierto por el Parlamento Europeo. La Plataforma presentó en febrero de 2008 a la Comisión de Peticiones una queja contra el Gobierno de España por "los defectos técnicos de la ley" y ésta se aceptó a mediados del pasado julio.

Planetario de Castellón

En la Comunidad Valenciana, hay muchos puntos calientes afectados por la ley. Uno de ellos es el poblado marítimo de Oliva, donde hay 400 propietarios afectados. Costas ya intentó declarar esta área de dominio público después que las olas lo acosasen en 2001. Ortega dijo ayer que si Costas reabre el expediente en Oliva, pedirá el mismo trato para el casco antiguo de San Sebastián, afectado también por los temporales. El abogado dijo que por este mismo criterio el Planetario de Castellón es un edificio ilegal y debe ser derribado porque se levanta sobre un campo de dunas que protege la ley de costas.