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Columna
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Algo tiene que cambiar

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) es el máximo órgano nacional de representación de las organizaciones juveniles valencianas. Así se definió el CJCV en el año 1983 después de un largo trabajo realizado por un gran número de organizaciones juveniles que fueron capaces de consensuar y poner en marcha un organismo de estas características.

Estas últimas semanas, el Consell ha sido noticia, pero no por el trabajo diario que realizan sus entidades y sus miles de voluntarios y asociados que siguen demostrando día a día su compromiso con el asociacionismo y la participación juvenil. Lamentablemente, es noticia porque el cambio en la legislación en materia de juventud que plantea la Generalitat Valenciana (dentro del Proyecto de Ley de Juventud que en la actualidad se está debatiendo por parte de los Grupos Parlamentarios) amenaza su continuidad como organismo autónomo.

En primer lugar, queremos reivindicar el papel de los jóvenes asociados como interlocutores válidos ante la Administración. Esto que debería ser normal tal y como lo establece la Ley de Participación Juvenil y en realidad no lo es. En el ejercicio responsable de sus competencias, el Consell se ha convertido muchas veces para la Generalitat en un organismo incómodo que para nada comulga con su manera de actuar. Ahora la Generalitat pretende imponer a las organizaciones una Ley de Juventud que no recoge los aspectos mínimos reivindicados por la mayoría de asociaciones y consejos locales de la juventud.

Con este proyecto de ley, la Generalitat se ha atrevido a plantear un controvertido cambio de estatus jurídico con el que el Consell pasaría de ser una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines a ser una corporación pública sectorial de base privada. Tanto el Consell Econòmic i Social como el Jurídic Consultiu se han manifestado en contra de esta medida. Además, pretende que la aprobación de los presupuestos esté supeditada a un informe previo y vinculante de la Generalitat Jove (nueva denominación del Ivaj). Una trampa con la que el Consell se convertirá en una entidad sometida a la arbitrariedad del director general de turno.

La pretendida ley de juventud se deja demasiadas cosas en el tintero. Ni habla del desarrollo y de la financiación de las políticas públicas contra la desigualdad; ni plasma la necesidad de la financiación necesaria para realizar planes de juventud; ni establece los niveles competenciales de cada una de las Administraciones a la hora del diseño y la evaluación de las políticas públicas de juventud; ni plantea soluciones al problema del empleo o la vivienda; ni establece el reconocimiento de los perfiles profesionales en el ámbito de la juventud. Ni, ni, ni...

Ante estas carencias, no podemos permanecer impasibles ante los intentos de desarmar el movimiento asociativo juvenil, de silenciar sus órganos de representación y de impedir que, legítimamente, puedan manifestar su opinión contraria a la aprobación de la ley. En definitiva, tenemos que manifestarnos en contra de cualquier intento de contravenir "las condiciones para la participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural" (artículo 48 de la Constitución Española).

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Estas son solo algunas de las razones por las que consideramos que esta Ley de Juventud no es la ley que merecen los jóvenes de nuestra Comunitat. Algo tendrá que cambiar para salvar el Consell y lo que este siempre ha representado: un modelo joven de entender y de poner en práctica las políticas de participación en nuestra sociedad.

(*) Firman también este escrito Joan Navarro, Vicent Sarrià, Miquel Ruiz, Vicente Inglada, Josep Lanuza, Joaquín Sansano y Carles Esteve. Todos ellos han sido presidentes del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

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