La Audiencia ve indicios de delito urbanístico en el 'caso Montroi'
El actual alcalde y el anterior ratifican ante el juez su exculpación
La venta de un centenar de chalés construidos en varias urbanizaciones de Montroy sobre suelo no urbanizable y vendidas fundamentalmente a ciudadanos ingleses tiene indicios de delito. Así lo considera la sección cuarta de la Audiencia de Valencia. La causa estalló el pasado mes de febrero. Hay 11 imputados: dos notarios, un registrador, un promotor, tres constructores, un arquitecto, un ingeniero, el ex alcalde, Francisco Javier Carrión, del PP, y el actual alcalde, el socialista Antonio Polo.
Uno de los imputados, vinculado a la constructora Morarim, solicitó el archivo de la causa por entender que no había delito alguno. No solo pidió que a él se le levantara la imputación sino que se cerrara la investigación judicial. El juez de Picassent que lleva el caso le dijo que no. Pero insistió ante la Audiencia. La respuesta del tribunal ha sido confirmar los autos de imputación e instar al juez a que siga adelante.
Un centenar de familias inglesas compraron los chalés ilegales
El imputado argumentó en su recurso que no había delito, ni urbanístico, ni de prevaricación, ni de estafa, porque las construcciones se realizaron en terrenos que podían ser urbanizables, que esa nueva consideración ya se había instado y que en todo caso había expedientes administrativos pendientes de resolución y por tanto no procede actuar por la vía penal. El tribunal, apoyándose en el informe del fiscal, desmonta cada una de esas afirmaciones.
Dice el tribunal que "las sanciones administrativas no fueron pagadas por la mercantil Morarim". Además, recoge que la jurisdicción penal es preferente a la administrativa "en la represión de conductas ilícitas".
El constructor imputado alegó que "desde el año 2003, el suelo donde se construyó era autorizable". Según el tribunal, "consta que la Comisión Territorial de Urbanismo rechazó en reiteradas ocasiones que dicha zona (Canya Murta) tuviera dicha calificación, considerando que dicho suelo debía tener la consideración de no urbanizable". Y explica aún más. "Solo en el año 2007 se acuerda modificar dicha clasificación, a raíz de un informe presuntamente falso emitido en 2006 por el alcalde de Montroi, por lo que la construcción de las viviendas se realiza en todo momento en suelo no urbanizable por la sociedad Morarim".
Por esas mismas razones, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia considera que "existen indicios de que el imputado comercializó con apariencia de legalidad unas viviendas presuntamente ilegales". La conclusión de la sala es que hay indicios de delito, desde contra la ordenación del territorio hasta la estafa pasando por la prevaricación y el cohecho. Considera que esos indicios son suficientes para concretar la imputación y seguir investigando.
Ayer, el ex alcalde y el actual regidor comparecieron ante el juzgado instructor de Picassent. Ratificaron sus declaraciones, que en esencia explica la construcción ilegal como una circunstancia transitoria por la intención de recalificar el suelo y convertirlo en urbanizable, y además defienden que abrieron numerosos expedientes sancionadores. Sobre esto último, la Fiscalía ya señaló, antes incluso de abrirse la investigación, que Montroi formaba parte del grupo de ayuntamientos que abrían expedientes y no los tramitaban, favoreciendo su prescripción.
