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Columna
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Baile de máscaras (o mascarada) en la justicia

I.- Pensando en lo que necesita la Justicia en este territorio, el Consejo General (CG) decidió no nombrar presidente del TSJ, prorrogando una situación de inadmisible interinidad. Debiera haberse explicado que se tomó la mejor decisión para esta Comunidad. A muchos nos está dando vergüenza no poder explicarlo. Después de más de un año, cabría preguntar: ¿Hay alguien ahí? Y eso que el vicepresidente del CG se permite afirmar que "sigue con la política de transparencia que inspira la actuación del Consejo" (Las Provincias 14-7-10).

Es patético que sea el CG el que asuma y provoque el mayor deterioro de la imagen de la justicia en la Comunidad. No hay reprobación ni expediente alguno para quienes impunemente incumplen la ley (arts. 336 y 338 LOPJ) y el mandato constitucional (art. 122), estando llamados a exigir su cumplimiento.

¡Qué desvergüenza querer capitalizar en su favor el esfuerzo y dedicación de la mayor parte de los jueces, cuya responsabilidad condiciona hasta nuestra vida personal y familiar! La desmoralización de los jueces ante el desprestigio y escasa autoridad del CG, la reducida actitud crítica de los medios y el desinterés de la ciudadanía ante los intereses tribales de los servidores públicos, convierten la situación en una bufonada indecente, en cuyo ceremonial ofician y se alimentan partidos y asociaciones profesionales.

II.- Cuando la política entra en la justicia, la justicia se esfuma por la chimenea. Lo grave es que la puerta la abren las asociaciones judiciales. Nada sería posible sin la complicidad asociativa. La justicia resulta manipulable a interés de las opciones partidistas.

No pueden presentarse alternativas de coherencia creíbles a la sociedad con un discurso difuso y contradictorio de quienes, por un lado, se rebelan contra los ataques a la independencia -en modo de ocupación de escenarios considerados propios- por parte del poder político -por naturaleza expansivo-; y, por otro, exigen su cuota en las instituciones, altos órganos de la justicia y puestos de decisión.

Los ujieres de los partidos en la justicia vienen reclutándose entre quienes así lo aceptan desde las asociaciones judiciales.

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III.- Por tercera vez se convoca la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el BOE de 7 de julio. Ni los 10 aspirantes tras la primera llamada, ni los 8 ingenuos tras la segunda, ofrecimos garantías de "fidelidad" a la mayoría del Consejo. La única explicación es que éramos demasiado buenos. ¡Deshonestidad intelectual! Se podrá buscar mediocres que nada incomoden.

La gran mayoría de los jueces y profesionales del derecho contemplamos atónitos el baile de máscaras y los ciudadanos, escandalizados e incrédulos, la confusión. ¿Qué otro sentido tiene el rebelde clamor de 1.470 jueces, que siguen pensando que el espacio asociativo ha sido prostituido por afanes de poder de los propios y ajenos, por reaccionarias que parezcan algunas de sus propuestas en tradicional tránsito pendular ante la impotencia? ¿Y los índices miserables de crédito que arrojan las encuestas de opinión? Ni a unos ni a otros nos convencen las proclamas propagandísticas sin compromiso real.

Mientras primen los intereses partidistas con la complicidad de dos asociaciones de jueces, los independientes solo decoramos, aunque seamos más. No importan capacidades ni programa, sólo mérito partidario. Nos cabe darnos al vino, como sugiere Emili Piera (Levante-EMV), o seguir trabajando por una justicia diferente. Ésta es la que me interesa.

Mi decisión será si quiero seguir siendo guarnición. Y creo que no debo.

José María Tomás Tío es presidente Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

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