Barberá acusa a la fiscalía para eludir su fracaso con los 'gorrillas'

El Ayuntamiento de Valencia aseguró ayer que las denuncias que la Policía Local interpone contra los gorrillas de la ciudad "se estancan" cuando llegan a la fiscalía y "se archivan los casos sin poner solución al problema". Sin embargo, y según respondió ayer la fiscalía, dichas acusaciones son falsas.

Según el consistorio, la Policía Local interpuso a los aparcacoches de Valencia 1.142 denuncias en 2008 y 1.017 en lo que va de año. La figura del gorrilla no está regulada en las ordenanzas municipales. La infracción que se les atribuye es la de estar en la calzada con grave riesgo para la circulación y para su propia integridad física. "Cuando una misma persona acumula tres denuncias por incumplimiento del reglamento, la Policía Local remite los datos a la fiscalía y es allí donde se archivan sin poner solución", aseguró el gobierno municipal.

La fiscalía respondió a las acusaciones del Ayuntamiento y desveló la falsedad de las mismas. La fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, a través de la fiscal portavoz, explicó que las denuncias contra gorrillas no solo no se archivan, sino que el ministerio público aprecia indicios de delito en el cien por cien de los casos. Por eso, se incoan diligencias y se remiten los asuntos a los juzgados de instrucción para que se abra el correspondiente procedimiento penal.

Las declaraciones del concejal del Ayuntamiento sorprendieron extraordinariamente a la fiscalía porque fue el pasado mes de junio, a finales, cuando el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez, el jefe de la Policía Local, Andrés Rabadán, y la propia fiscal jefe provincial, Teresa Gisbert, mantuvieron una reunión de trabajo a propósito, entre otras cosas, de este asunto. En aquella reunión, se acordó impulsar a partir de septiembre la máxima coordinación y colaboración. En cualquier caso, la fiscalía de Valencia expresó ayer la preocupación que viene mostrando por este tema, y recordó que su competencia en el ámbito penal no puede ser preventiva porque su intervención está prevista tras la comisión de una infracción penal, aunque comparte el efecto disuasorio que tiene el castigo de coacciones y amenazas.