Barberá bloquea la cesión del suelo para construir el colegio de Russafa
El proyecto de ejecución para la construcción del nuevo colegio público Puerto Rico en el distrito de Russafa, en Valencia, está "aprobado" con un presupuesto de 5,66 millones y el plazo de ejecución es de 18 meses. Pero hasta que "no se tenga el certificado de disponibilidad de suelo, no estará en condiciones técnicas de ser licitada la construcción". Así lo explicó ayer en la Comisión de Educación de las Cortes la secretaria autonómica del ramo, Auxiliadora Hernández, ante las críticas del diputado socialista Juan Soto, que le reprochó que este centro lleve "10 años de retraso".
La parcela sobre la que se pretende edificar el colegio es de 6.450 metros cuadrados, para poder construir un centro con seis unidades de Infantil, 12 de Primaria, un comedor escolar y un gimnasio.
"Un total de 1.023 alumnos estudian fuera del barrio por falta de plazas"
La consecuencia inmediata del déficit de plazas escolares públicas en este céntrico barrio -que en la última década se ha repoblado de gente joven, artistas e inmigrantes- es que "más de la mitad de la población escolar, un total de 1.023 alumnos, estudia fuera porque no tiene plaza", denunció Inma Bauset, la portavoz de la Plataforma per Russafa.
La Plataforma presentó ayer en las Cortes más de 3.000 firmas de los vecinos afectados, recogidas en julio en un referéndum público, que exigen garantías de que el futuro colegio será de titularidad pública.
La Consejería de Educación ha anunciado que está ultimando un pliego de condiciones para sacar a concurso público la construcción de nuevos colegios por parte de empresas privadas a las que, previamente, se cederá suelo público por 75 años y un módico canon. Esto ha levantado las sospechas de la Plataforma per Russafa sobre el riesgo de que la falta de liquidez de la Generalitat pueda llevar a privatizar la cesión de suelo municipal y la gestión del colegio.
La secretaria autonómica asumió que, en parte, el retraso es debido no solo a la falta de disponibilidad de suelo, que es un hecho. Además de ser una "prioridad" para su departamento y para el nuevo jefe del Consell, Alberto Fabra, dijo Hernández, se "necesita de una autorización presupuestaria para su ejecución" y eso "depende de múltiples factores, que sería imposible determinar en este momento".
Hernández fue incapaz de fijar un plazo concreto relativo a la licitación de este proyecto. "Cualquier actuación que comporte gasto debe soportar un riguroso análisis de oportunidad a la vista del conjunto de necesidades en materia de infraestructuras educativas", remató.
Al mismo tiempo, Hernández anunció la desparición a partir de 2012 de las ayudas al segundo ciclo de Infantil porque, dijo, esta educación es mayoritariamente gratuita o concertada y supone "una duplicidad" que ya "no tiene objeto de ser".
