Barberá dio el 'parking' de Monforte a una firma vinculada al 'caso Gürtel'
La mesa de contratación del Ayuntamiento de Valencia presidida por Ramón Isidro el 17 de diciembre de 2002 decidió adjudicar el contrato del aparcamiento subterráneo que afecta a los Jardines de Monforte, un bien protegido, a una UTE (Unión Temporal de Empresas) de la que formaba parte una de las cinco empresas que la Fiscalía de Madrid considera vinculadas con la financiación irregular del PP: Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, SA. Antes de conocerse la petición de la Fiscalía de Madrid de que el responsable de la mercantil declare como imputado en el sumario del caso Gürtel, ya el PSPV presentó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJC) una denuncia contra él y otros cuatro empresarios, entre ellos un sobrino del vicepresidente Juan Cotino, por lo mismo. El TSJ archivó porque el tribunal madrileño que instruye el Gürtel ya lo estaba investigando. El precio de aquella adjudicación fue de 5.402.993,94 euros.
El aparcamiento construido en virtud de esa adjudicación está bajo sospecha. El colectivo Cercle Obert presentó una denuncia a la fiscalía y ésta, tras investigar, ha llevado la actuación en el entorno de los Jardines de Monforte a un juzgado, señalando por prevaricación y delito contra el patrimonio al concejal de Urbanismo Jorge Bellver.
Falta de informes
La fiscalía considera que la especial protección que tienen desde 1941 los Jardines de Monforte obliga a que antes de cualquier actuación que les afecte haya un informe favorable de la Consejería de Cultura. En el caso del aparcamiento del subsuelo de la calle del Profesor Doctor Severo Ochoa, el ministerio público entiende que era obligatorio. Ese aparcamiento ha modificado el subsuelo de los Jardines. Para evitar filtraciones desde el jardín al aparcamiento, se instaló un aislamiento. Ahora, funciona como una balsa porque el agua que riega los árboles y plantas del jardín no tiene la salida natural. De hecho, el Ayuntamiento tiene pendiente decidir sobre el derribo de una parte del muro para "oxigenar los árboles", actuación que también precisa de un informe técnico de Patrimonio.
La obra adjudicada por el Ayuntamiento a la UTE participada por la empresa vinculada al caso Gürtel fue bendecida por el responsable de Urbanismo, supuestamente sin los informes a los que obliga la protección especial de los Jardines de Monforte.
