Barberá ofrece ahora una permuta de suelo para que Iberdrola lleve a otro lugar la subestación de Patraix
Después de varias semanas de protestas ciudadanas de los vecinos del barrio de Patraix de Valencia, que rechazan la instalación en la zona de una subestación eléctrica de la compañía Iberdrola, ayer la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, ofreció la posibilidad de favorecer una permuta de suelo para que la empresa traslade la infraestructura a otro emplazamiento. Barberá recibió ayer en el Ayuntamiento, junto a varios concejales de su equipo de gobierno, a una delegación de la Asociación de Vecinos Jesús-Gaspar Aguilar, que se opone a la citada subestación eléctrica por considerarla un peligro para la salud de los vecinos.
Al término del encuentro, que se prolongó por espacio de más de dos horas y media, la alcaldesa indicó que el Ayuntamiento de Valencia estaría dispuesto a realizar una permuta del suelo donde se han iniciado ya algunos trabajos para la instalación de la subestación eléctrica de Patraix si la compañía Iberdrola lo propone, ya que, según explicó la alcaldesa, la empresa eléctrica tiene todos los permisos para instalar en ese terreno de su propiedad la infraestructura. Además, Barberá recordó que en el Plan General de Ordenación Urbana el solar figura como "sistema general de infraestructura básica y de servicio-suministro de energía eléctrica", lo que significa que la infraestructura se adecua al planeamiento y a la legalidad. "El Ayuntamiento está sometido a la legislación", indicó la alcaldesa, quien insistió en que en que el Consistorio es "la última" Administración en intervenir y su actuación viene marcada por lo aprobado por el resto de administraciones.
Por su parte, los representantes vecinales valoraron la voluntad del equipo de Gobierno por realizar una permuta de terrenos con Iberdrola, pero aseguraron que continuarán las movilizaciones porque la situación en el barrio es "dramática" y están "muy preocupados por la degradación que sufrirá". Además, indicaron que las viviendas deberían estar ubicadas a 220 metros de la subestación, ya que la línea de alta tensión será de 220 kilo-voltios y, según el estudio de impacto ambiental realizado para el proyecto Sociópolis, las viviendas han de estar como precaución a un metro por kilo-voltio.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista municipal, Rafael Rubio, pidió que, al menos, la autorización para instalar la infraestructura esté condicionada a las conclusiones del estudio que ha iniciado la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat y que tiene por objeto determinar los posibles efectos que la subestación eléctrica pueda causar sobre la salud de los ciudadanos.
