Barberá privatiza las cuatro guarderías financiadas con dinero del Estado

"Instalaciones flamantes, para negocios privados". Con esta gráfica imagen definió ayer el edil socialista del Ayuntamiento de Valencia Juan Soto la privatización de la gestión, a favor dea empresas privadas, de cuatro de las seis escuelas infantiles de Valencia, financiadas con 6,1 millones de euros del fondo estatal del primer Plan E de 2009, que ya están terminadas. La Junta de Gobierno local consumó el viernes, con el voto en solitario del PP, la "privatización" y aprobó las cuatro concesiones: tres a la empresa Eulen y una a Site. En conjunto el canon que pagarán por gestionar las escuelas infantiles será de 144.957 euros. "Solo hablando del coste de construcción, sin incorporar el importe coste del suelo, el canon que pagarán las empresas supone 2,3% del coste real", censuró Soto.

Educación avala la cesión del solar a la Católica, porque en el barrio hay suelo

El concejal socialista manifestó su disconformidad con el equipo de gobierno que dirige la popular Rita Barberá de que "con dinero público se sacrifique el interés general, en beneficio de empresas privadas". El Ayuntamiento, abundó Soto, "abdica de su responsabilidad en materia de educación, rompiendo con el derecho de libertad de elección del modelo educativo", puesto que la incipiente construcción de esta red es solo de gestión privada.

"No tendremos escuelas infantiles, sino contenedores públicos financiados por empresas privadas", insistió. La concesión autoriza la tarifa máxima de explotación en horario lectivo (de 9 a 17, incluyendo servicio de comedor) autorizada por la Consejería de Educación por 460 euros al mes para niños de hasta 1 año, de 350 de 1 a 2 años y 280 hasta 3 años.

Soto recordó que con otras dos guarderías más del Plan E en construcción en Quatrecarreres y Campanar, "el Gobierno ha invertido 12 millones solo en guarderías en la capital". En el mismo periodo, "la Generalitat solo ha encargado tres proyectos de redacción por 241.000 euros".

En la misma rueda de prensa, Soto presentó las 15 páginas de alegaciones en contra de la cesión de la única parcela escolar, de 12.965 metros cuadrados, que queda en los seis sectores del distrito de Campanar para cederla a la Universidad Católica. El edil denunció el último informe de la Consejería de Educación, que contradice otros técnicos, para justificar la cesión de la parcela pública a la Iglesia. Educación se reafirmó ayer en su informe favorable.

"La recalificación del uso del suelo supone uno de los mayores atropellos que se han producido contra la educación al entregar a la mercantil privada Inverso una parcela escolar vital para la escolarización", concluyó Soto. En Campanar se han construido 22.000 viviendas y centros educativos, pese a que el Consejo Escolar Municipal alertó en 2009 del déficit acumulado de plazas escolares.