Barberá rechaza que el Gobierno decida sobre El Cabanyal y acelera el plan

"No se ha entendido bien". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, rechazó ayer de plano que el Ministerio de Cultura tenga capacidad para decidir sobre la legalidad del plan de El Cabanyal, con el que el Ayuntamiento pretende prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a costa de más de 400 edificios del barrio. El Gobierno "no sabe ni dónde está El Cabanyal", espetó la alcaldesa.

El Tribunal Supremo ha reabierto el caso al ratificar una sentencia de 2004 que dio la razón a Salvem El Cabanyal y exige del ministerio que argumente su rechazo de una denuncia por expolio del patrimonio histórico. La alcaldesa, que esgrimió "nueve sentencias" favorables al plan, interpreta que a Cultura sólo le cabe "motivar más lo que dijo, no cambiar de opinión". Sin embargo, la sentencia confirmada por el alto tribunal indica que el ministerio no se molestó en analizar la cuestión y ahora deberá tener en cuenta los "amplios y exhaustivos informes" aportados al expediente, varios de ellos claramente contrarios al proyecto del PP.

El Supremo indica también que el Ejecutivo tiene competencias para decidir si hay un expolio o no. En esa línea, Iniciativa del Poble Valencià presentó ayer a través del diputado en el Congreso Joan Herrera una proposición no de ley que insta al ministerio a paralizar el plan; EUPV y el Bloc pidieron un dictamen lo antes posible, y la portavoz socialista, Carmen Alborch, reiteró que debe detenerse cautelarmente el proyecto.

El fallo no suspende el proyecto y la respuesta del gobierno local del PP será acelerarlo. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, anunció ayer mismo que este mes se notificará "el desalojo inmediato" de los vecinos de la calle de San Pedro para proceder a la apertura "masiva" de un nuevo bulevar en El Cabanyal.