Benidorm 'ficha' a una abogada ligada a un promotor en Urbanismo
El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha contratado como asesora jurídica para el departamento de Urbanismo a la abogada Rosa Cusac Crespo, hasta hace poco ligada al despacho de un promotor local con adjudicaciones municipales. El fichaje de la jurista engrosa la lista de cargos de confianza del alcalde del municipio, el popular Manuel Pérez Fenoll.
La abogada experta en urbanismo ha actuado hasta el momento como representante del agente urbanizador de la zona industrial de Benidorm, defendiendo intereses contrapuestos a los del Consistorio en materia de cesiones de terreno, apertura de viales y superficies de la parcela misma.
El Ayuntamiento adjudicó en 2002 a Benipoli, empresa del promotor local Enrique Ballester, este plan parcial, denominado PP 1/3, que posteriormente se subrogó en la sociedad mixta de Ballester con Enrique Ortiz denominada Terra Village Land. Cusac Crespo es cuñada del propio Ballester, está muy vinculada al Partido Popular. "Guarda una cordial relación con Pérez Fenoll", señalan, según las fuentes consultadas.
La letrada, además es cuñada de Juan Manuel Baeza Riojano, conocido militante del PP y directivo de la empresa La Generala, adjudicataria del concurso de mantenimiento de jardines y zonas verdes de Benidorm.
A partir de ahora la nueva asesora jurídica podría intervenir desde el Consistorio en los asuntos de la zona industrial, así como en los trabajos preliminares para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La contratación de la letrada está directamente relacionada con las diferencias existentes entre el actual concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, y el hasta ahora asesor jurídico de dicho departamento, Manuel Francisco López Ocaña.
El nuevo edil de Urbanismo ya trasladó al antecesor de Ocaña, Vicente Saval, al departamento de Seguridad Ciudadana. El fichaje también está vinculado a la polémica cesión gratuita de una parcela de 10.000 metros cuadrados realizada por el consistorio a una empresa privada (Lope de Vega S. A.) a través de un convenio. El secretario general municipal se negó a firmar el convenio y desaconsejó en pleno la autorización del acuerdo.
