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Bonig exige al Gobierno un apoyo inequívoco al proyecto

Isabel Bonig, consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ha dedicado una de sus primeras apariciones públicas desde que se estrenó en el cargo a la defensa del corredor ferroviario. Acompañada del presidente de la Fundación Pro-AVE, Federico Félix, Bonig pidió ayer al Gobierno español un apoyo "inequívoco" al eje. "El Consell lo ha defendido siempre", apostilló Bonig. A tres meses de que Bruselas se pronuncie sobre los corredores prioritarios, "no caben más dilaciones ni distracciones" con este eje.

Según la consejera, hay sectores que pueden sacar a la Comunidad Valenciana de la crisis y uno de ellos es el logístico, por lo que hay que cerrar filas y defenderlos. "El Gobierno valenciano peleará hasta el último minuto por que este corredor sea declarado prioritario por la Comisión Europea", zanjó Bonig.

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Félix, por su parte, abundó en la idea de que de la puesta en marcha de este eje ferroviario dependen miles de puestos de trabajo. "Será una máquina de generar riqueza y por eso no podemos resignarnos a perderlo", comentó el empresario.

Para el presidente de este lobby valenciano, que trabajó durante décadas por traer el AVE a Valencia, es preciso que el Ejecutivo español defienda este corredor "de forma clara y contundente". En un comunicado, la fundación anticipó el día anterior las consecuencias económicas que tendría un corredor mediterráneo amputado e incompleto. "No es admisible que Alicante y Murcia queden descolgados", recoge el escrito. La fundación está de acuerdo con el Ministerio de Fomento en que la infraestructura se ejecute de norte a sur, aprovechando las vías liberadas por el tren de alta velocidad. No obstante, cualquier modificación del corredor, insisten, puede suponer un sobrecoste por kilómetro recorrido y tonelada transportada de cerca de 12 euros, "así como un sensible incremento de las distancias a recorrer, lo que haría inviable el trazado por su falta de competitividad".

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Federico Félix recordó el enorme esfuerzo que se ha hecho por unificar criterios entre organizaciones empresariales, cámaras de comercio, colegios profesionales, universidades y Gobiernos autonómicos, hasta que se ha conseguido unanimidad en torno al trazado del corredor. "Si el proyecto, como actualmente está concebido, sufriera alguna modificación que perjudicase a Murcia, la Comunidad Valenciana o Cataluña, retrasaríamos su ejecución y ofreceríamos una imagen de desacuerdo perjudicial".

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