Bouygues intenta aprovechar la crisis de Aguas para ganar poder

El nuevo director general de Aguas de Valencia es Alberto Alonso Pozas. Su nombramiento y el del consejero delegado, tras el despido de Aurelio Hernández y Francisco Pontes, en un episodio que ha situado a la empresa concesionaria del servicio de agua de Valencia en el ojo del huracán, se reveló más conflictivo que la decisión de prescindir de los dos directivos, adoptada por unanimidad. Ayer, tras comenzar con retraso, el consejo de administración se prolongó hasta entrada la noche. Los representantes del grupo francés Bouygues, que tiene el mayor porcentaje en la firma, trataron de ganar más poder.

El Consejo de Administración de Aguas de Valencia fue, como era previsible, tenso y largo (hubo varias votaciones a lo largo de la sesión). Debió haber comenzado a las cinco de la tarde y se retrasó hasta las siete. La explicación oficial de que los socios franceses habían tenido problemas de desplazamiento encubría el hecho de que los representantes del grupo Bouygues aprovecharon la crisis abierta en la empresa para intentar recuperar posiciones de poder en una sociedad en la que cuentan aún con el 33% de las acciones. De ahí que se celebraran contactos previos a la reunión para tratar de aclarar las cosas y buscar acuerdos en los puntos que pudieran prestarse a discusión.

Precisamente Bouygues perdió el poder que ayer trataba de recuperar en la operación de valencianización de la firma que auspició Eduardo Zaplana desde la presidencia de la Generalitat y que dio pie a la reestructuración del accionariado y al nombramiento de Aurelio Hernández como consejero delegado y de Francisco Pontes como director general, entonces hombres muy próximos a la presidencia de la Generalitat. La pérdida de confianza de Zaplana en Hernández y Pontes hace unos meses ha desencadenado la crisis en la sociedad y ha dado lugar a una polémica política de considerables proporciones al revelarse que el actual ministro de Trabajo propuso a Bouygues -grupo del que forma parte el canal televisivo TF1- que, a través de Aguas de Valencia, apoyase la creación de un grupo de medios de comunicación cuyo núcleo sería Tabarka Media, una firma que engloba a diversas sociedades de radio y televisión locales afines al Partido Popular.

La resistencia de Hernández y Pontes a abandonar sus puestos de trabajo, pese a las presiones a que fueron sometidos desde dentro y fuera de la empresa, forzó a los representantes de ésta a encargar una auditoría sobre la gestión de los dos ex altos cargos de Aguas. Una auditoría que debía de estar ya concluida para, supuestamente, ser analizada ayer por los consejeros de AVSA. Sin embargo, el consejo sólo tuvo conocimiento de un borrador de ese documento que no aportaba novedades a todo lo que ya se ha aducido para justificar el despido de Hernández y de Pontes.

De hecho, Domingo Parra, consejero delegado del Banco de Valencia y miembro del consejo de la concesionaria de agua, dijo ayer que hay material para seguir investigando "muy seriamente". Según Parra, "primero hay que debatir y, con el resultado de la auditoría se tomarán decisiones.

El reajuste contable que Aguas de Valencia tenía que presentar el lunes, como fecha tope, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no estará concluido. El presidente de la empresa, Vicente Boluda, confirmó este hecho y dijo que se acabará en el plazo más breve posible. Boluda negó que durante la sesión del consejo se citara en momento alguno a Eduardo Zaplana.

Cámaras autorizadas

El presidente de Aguas de Valencia desmintió la existencia de ningún supuesto espionaje en las oficinas de la empresa. Según Boluda, todas las cámaras instaladas están autorizadas por el Ministerio del Interior y son completamente legales.

Por su parte, el ex consejero delegado de Aguas de Valencia, Aurelio Hernández, aseguró antes de entrar en el consejo de administración de la empresa que recurrirá su despido. Una decisión, dijo, que no tiene "que meditar" porque lo considera improcedente. Hernández sigue formando parte del consejo de administración, ya que es un cargo del que sólo puede ser destituido por la junta de accionistas de la empresa.

Hernández también habló del sistema de cámaras instalado en la sede de la empresa. Para el ex gerente de la compañía concesionaria del suministro de agua de la ciudad de Valencia, el sistema de seguridad es legal y está "autorizado por el Ministerio del Interior". Hernández aseguró quedesconoce cuándo se instalaron las cámaras ni si estaban "por toda la casa", pero quiso restar importancia a este episodio. "Todo lo que hay en esta casa es legal", sentenció.