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Bruselas anticipa que la ley urbanística valenciana cumple la normativa europea

Abusos Urbanísticos No afirma que todavía falta mucho por decir en el pleito

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Niilo Jääskinen, dio ayer a conocer en Bruselas el dictamen sobre la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Un informe que considera que la ley valenciana no vulnera la legislación europea en materia de contratación pública, tal y como había denunciado la propia Comisión Europea. El informe del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia que emitirá sentencia en los próximos meses, pero sus resoluciones coinciden con el fallo de los jueces en un 80% de los casos.

El informe del abogado -que considera que la adjudicación de los planes urbanísticos de actuación integrada (PAI) de acuerdo con la LUV no vulnera la legislación comunitaria- no se pronuncia sobre el modelo urbanístico valenciano. Un pronunciamiento que ya realizaron en su momento el Parlamento Europeo y la Comisión, que condenaron el urbanismo depredador impulsado por el PP en la Comunidad Valenciana.

El abogado general recomienda al Tribunal de Justicia desestimar el recurso de la Comisión Europea y condenarla a pagar las costas. Según el informe, las directivas comunitarias sobre contratación pública no son aplicables a la legislación autonómica valenciana. La razón estriba en que los planes de actuación urbanística no pueden equipararse a un contrato público en el que la Administración hace uso directo o indirecto de sus recursos. El dictamen considera también que el urbanizador no obtiene un beneficio directo de la obra, ya que es un actor supuestamente distinto al constructor que explota urbanísiticamente el plan.

Los promotores y urbanizadores, a través de su portavoz Francisco Murcia, se alegraron del dictamen "porque acalla las críticas injustificadas, pero no es suficiente para recuperar la imagen del sector".El presidente de la Federación de promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores de la Comunidad Valenciana, Francisco Murcia, criticó el "desinterés" de quienes critican el urbanismo realizado por conocer "la verdadera naturaleza de la LUV". "Todas estas críticas no sólo han generado una imagen de inseguridad jurídica del urbanismo, sino que han constituido un azote importante para la imagen del sector de la promoción inmobiliaria, que ha visto rechazadas una y otra vez sus propuestas al respecto, tanto por las entidades políticas como por los propios afectados", se lamentó Murcia.

El portavoz de la plataforma Abusos Urbanísticos No, Enrique Climent, expresó su respeto por el informe del abogado general de la UE pero advirtió que no comparte sus razonamientos y que, cuando corresponda, los recurrirán. "Ningún PAI se financia con dinero del agente urbanizador, sino con el de los propietarios afectados", indicó Climent, que considera que todavía queda mucho por decir en este pleito.

El urbanista Gerardo Roger, uno de los artífices de la derogada LRAU, precisó que el abogado general en su informe no dice que el modelo sea correcto y se haya hecho bien sino que las leyes valencianas no vulneran la norma comunitaria. "Tal vez sea necesario que todas las fuerzas políticas pacten un procedimiento que evite la inseguridad jurídica", propuso.

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Por contra, el PP y el Consell salieron en tromba tras conocer el contenido del informe para descalificar las críticas al modelo urbanístico valenciano. El consejero de Ciudadanía, Rafael Blasco, que también fue responsable del urbanismo en los años de mayor actividad del sector, afirmó: "Miles de veces hemos dicho que todo era una campaña contra la Comunidad Valenciana y hoy se ha demostrado".

Para Blasco, autor de la Ley Urbanística Valenciana, "los ataques sufridos entre los años 2004 y 2006 condujeron a la ruina a miles de pequeños y medianos empresarios que trabajaban de manera honrada y por culpa de la pésima imagen que se dio del urbanismo valenciano tuvieron que cerrar sus negocios". Una declaración sorprendente, ya que la crisis del sistema financiero y la caída del sector de la construcción no se dejó sentir hasta el año 2008. Blasco instó a todos cuantos criticaron el urbanismo valenciano impulsado por el PP a pedir disculpas públicamente.

Más hiperbólico se mostró el vicepresidente primero de la Mesa de las Cortes, Rafael Maluenda: "Hoy la ley Urbanística Valenciana ha vuelto a nacer". Maluenda cargó contra la oposición parlamentaria por criticar el urbanismo impulsado por el Consell, igual que el vicepresidente tercero, Juan Cotino, el vicesecretario de Organización del PP, David Serra, o el eurodiputado Carlos Iturgaiz.

La parte y el todo

La oposición intentó frenar ayer la euforia de los populares por el informe de Bruselas. El diputado socialista Adolf Sanmartín argumentó que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea "no entra a analizar para nada, porque no es su función, aspectos debatidos en el Parlamento Eurpeo relativos a la gestión nefasta del PP en relación con el desarrollo urbanístico".

Sanmartín argumentó que el dictamen del letrado hace referencia "únicamente" a la aplicación de la normativa de contratación en la ejecución de las obras y concluye que los PAI "no tienen por qué regirse por la ley de contratos de la Administración pública". Un extremo que siempre han defendido los socialistas y que no es contradictorio con reclamar más transparencia y garantías para los propietarios.

Por su parte, el diputado de Esquerra Unida Josep Lluís Torró aseguró que "el problema del caos en el urbanismo valenciano no solo es legal, también es económico y social". Torró indicó que todavía no se ha dicho la última palabra.

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