El CGPJ investiga el parón del caso del alcalde de Torrevieja
Hernández está imputado por una millonaria plusvalía
El estancamiento que sufre desde hace casi cuatro años el caso del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, del PP, y que debe aclarar una plusvalía de 5,2 millones logrados con la compraventa de una finca rústica en Almoradí ha llamado la atención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Unidad Inspectora del CGPJ ha ordenado la incoación de diligencias informativas sobre la situación en la que está el proceso judicial, según explicaron ayer Los Verdes. La decisión fue tomada a mediados del pasado mes de julio.
El alcalde compró a la promotora Edén del Mar una finca de 18 hectáreas de suelo rústico en 2000 por 180.000 euros y dos años más tarde se la vendió a la misma firma por 5,4 millones. El caso se instruye en el juzgado número 4 de Torrevieja, pero apenas ha avanzado desde 2005. Ese año, declaró Hernández Mateo como imputado por los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. El alcalde defendió en su declaración la legalidad del proceso realizado y vinculó la plusvalía lograda con la compraventa al "auge urbanístico" que se vivía en aquellos momentos y al que La Vega Baja no era ni mucho menos ajena.
La causa está pendiente del traslado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dada la condición de aforado de Hernández Mateo, diputado autonómico desde 2007. A finales del año pasado a la Fiscalía Anticorrupción exigió practicar todas las pruebas pendientes antes de elaborar los informes para remitir todas las diligencias al TSJ. Las pruebas se referían a las adjudicaciones que el Ayuntamiento de Torrevieja realizó a la promotora Edén del Mar antes y después de la operación inmobiliaria del alcalde. También a un informe pericial sobre los movimientos en las cuentas de Hernández Mateo.
Los Verdes se dirigieron el pasado mes de marzo al CGPJ para denunciar la "paralización que sufre" este procedimiento judicial Alertan, además, del "peligro" de que determinados delitos por los que el alcalde y diputado está imputado puedan prescribir, "al igual que ocurriría con los presuntos delitos fiscales que pudieran haberse cometido".
