El Consell publica la oposición a medida de los inspectores 'a dedo'

La Generalitat publicó ayer en el DOGV las bases de la oposición que regula el acceso a 55 plazas de la inspección educativa. La orden amplía el perfil docente a "cargos directivos, actividades en centros de formación, servicios psicopedagógicos, asesorías, inspección u otros servicios relacionados" y sienta un precedente inédito en la Comunidad: la designación íntegra del tribunal a dedo. CC OO y UGT recurrirán la orden hecha "a medida de los funcionarios colocados afines al PP" por "desviación de poder".

El aparato de la inspección educativa creado por el Gobierno Zaplana en cinco años -sin que mediara convocatoria pública o concurso de traslado alguno, mediante la fórmula de designación a dedo o habilitación en comisión de servicios de un total de 61 inspectores vinculados a familiares, amigos o compañeros de viaje del PP- está a punto de consolidarse en forma de oposición. El Consell ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la orden de la convocatoria de 55 plazas para acceder al cuerpo de inspección, lo que, a juicio de CC OO, consuma la "politización" del cuerpo y, según FETE-UGT, "parece a todas luces una desviación de poder". Así, el texto definitivo no recoge ninguna de las enmiedas presentadas en la mesa sectorial, excepto una: el rechazo sindical a la pretensión de puntuar con 0,75 puntos por año el desempeño del puesto de inspección en comisión de servicios. La aceptación de la enmienda, según la federación ugetista, se debe a que "esto evidenciaba demasiado que estaba hecha a medida de los nombrados".La redacción de la orden es cuanto menos sui generis, por insólita, ya que para poder conmutar a los inspectores habilitados los 10 años de experiencia docente que deben acreditar, la Administración hace extensible el perfil de "función pública docente" -tradicionalmente entendida como "el ejercicio directo de la enseñanza" tanto en las convocatorias de la Administración estatal como en las autonómicas- "al desempeño de cargos directivos, el ejercicio de apoyo externo a la actividad docente en Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos, Servicios Psicopedagógicos Escolares, Asesorías de Valenciano, Inspección de Educación, Administración educativa u otros servicios relacionados con la docencia". Este amplio espectro, según FETE-UGT, "modifica deliberadamente los procedimientos habituales del concurso-oposición" y se ciñe a la medida de "sus clientes, amigos o relaciones personales directas y nombramientos discrecionales y arbitrarios de los 61 inspectores designados en los últimos seis años". El listado de nombres revela un aparato creado por afinidad al PP entre los que figuran inspectores como el hermano de la presidenta de las Cortes; la sobrina de un director general de Educación, varias esposas de cargos públicos y una retahíla de militantes, concejales y ex dirigentes sindicales afectos.

La convocatoria publicada -y lanzada sin que el Gobierno autonómico haya aplicado el real decreto de la inspección que insta a las autonomías a regular sus funciones en un decreto propio acorde a la LOGSE- contempla también un sistema de baremación de méritos "trufado de favoritismos, que no garantiza el conocimiento de las dos lenguas oficiales en un cuerpo que debe supervisar un sistema educativo bilingüe; ni puntúa los cursos de formación específicos para inspectores en ejercicio". Para UGT, que recurrirá la orden, "en lugar de una oposición por acceso libre, para una oposición restringida, ad hoc para determinadas personas".