El Cabanyal se organiza contra la expropiación

El Cabanyal no se rinde ante la llegada de las máquinas que derribarán sus casas para prolongar la ancha avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Anoche, en una asamblea general, unos 300 vecinos del barrio que se oponen al plan urbanístico de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acordaron resistir, como desde hace 10 años, con la ley en la mano.

Los vecinos de la calle de San Pedro están inmersos en el proceso

No pudieron parar el plan del PP en los tribunales -el Tribunal Supremo confirmó su legalidad hace unas semanas-, pero intentarán defenderse antes las expropiaciones de sus casas. Y si eso tampoco es posible, al menos que los afectados consigan un precio justo por sus pisos. Más de 1.500 viviendas de miles de familias se cruzan en el camino de la nueva vía rápida al mar.

A la asamblea acudieron invitados representantes del PSPV-PSOE, con Carmen Alborch a la cabeza; el grupo parlamentario de Compromís, con Mònica Oltra y Enric Morera; de Esquerra Unida, con Amadeu Sanchis; y Els Verds, con Giuseppe Grezzi, quien logró arrancar unas risas a un auditorio expectante por un futuro incierto al afirmar que el PP recuerda que Blasco Ibáñez quería una Valencia conectada al mar, pero calla que también pretendía la República. Todos los políticos aseguraron su apoyo a los afectados.

Un resumen de la sentencia del Supremo, muy criticada por los abogados, dio paso a las primeras preguntas del público. Entre ellas, la que ocupa la mente de todos los afectados del plan: "¿Si el Ayuntamiento nos envía cartas y dice que nos tenemos que ir, qué hacemos?". "Ahí vamos", respondió el portavoz de Salvem El Cabanyal, Faustino Villora. Un manifiesto preparado para la asamblea resume la filosofía de esta nueva etapa de rechazo al plan urbanístico. Como destacó Villora, no se pararán los procedimientos administrativos y judiciales que están en marcha.

La plataforma denunció de nuevo el proceso de expropiación de la calle de San Pedro, donde el Ayuntamiento quiere abrir un bulevar tras derribar pisos por los que ofrece 500 euros el metro cuadrado "a cambio de realojo en viviendas de protección oficial a 1.340 euros el metro cuadrado construido" para personas que no pueden afrontar una hipoteca. El portavoz acusó a la empresa mixta con mayoría del Ayuntamiento y la Generalitat, Cabanyal 2010, de actuar con "criterios especulativo-mafiosos" y de provocar "desinformación, miedo e inseguridad a los vecinos". Por ello, enfatizó que aún en caso de que tengan que dejar sus casas y no estén de acuerdo con la expropiación, podrán cobrar el dinero fijado y continuar pleiteando por un precio justo. La plataforma creará un grupo de ayuda mutua para defender a los afectados (muchos de medios escasos) en cada unidad de actuación del plan. Habrá caja de resistencia.