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Los escándalos que afectan al PP

Camps se apunta a la teoría de la conspiración y se escuda en el PP

El presidente afirma que más que una causa "parece un proceso abierto contra un partido político" y anuncia medidas legales

El presidente del Consell, Francisco Camps, se apuntó ayer a la teoría de la conspiración y movilizó a todo el PP tras conocer que el informe de la Fiscalía Anticorrupción lo implica en la trama que salpica a su partido de la que forma parte Orange Market.

Alertado de madrugada y conmocionado por el contenido de la información publicada en EL PAÍS, Camps organizó su estrategia de defensa ante lo que considera "un proceso abierto contra todo un partido político".

A primera hora de la mañana se reunió en el Palau de la Generalitat con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino y su equipo más cercano. En comunicación con Mariano Rajoy, Camps decidió montar una escenografía similar a la utilizada por el presidente nacional del PP para mostrar el rechazo del partido al sumario de la operación Gürtel que dirige el juez Baltasar Garzón y por el que ha imputado a los responsables de Orange Market.

"Se han gastado un dinero público en eventos que termina donde termina"
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"La diferencia es que Castellano ha firmado y por usted han firmado otros"
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Arropado por Barberá y todos los miembros de su Gabinete, a excepción del titular de Medio Ambiente que no llegó a tiempo, Camps leyó antes de las nueve de la mañana una declaración institucional en la sede de Presidencia. Allí, visiblemente conmocionado, aseguró estar "profundamente indignado", desmintió "de plano", pero sin dar un dato y sin entrar en el fondo de la cuestión, la información publicada por EL PAÍS que recogía el informe del fiscal anticorrupción en el que se le implicaba en la trama. El juez Garzón ha investigado tres facturas después de que una imputada aludiera al pago de 30.000 euros en trajes para el jefe del Consell

Camps se defendió asegurando que "esto más que una causa parece un proceso abierto contra todo un partido político", anunció medidas legales en defensa de su honor, el del PP y de la dignidad de su cargo. También aseguró que piensa citar a centenares de personas como testigos de su honradez en los puestos que ha ocupado.

Acompañado en todo momento por la alcaldesa de Valencia y su Gabinete, Camps se tomó un respiro antes de desplazarse a pie desde el Palau de la Generalitat hasta las Cortes Valencianas para asistir a la sesión de control parlamentario.

Casi simultáneamente, el secretario general y portavoz del Grupo Popular, Ricardo Costa, se reunía con sus diputados para anunciarles lo sucedido -en medio de un estado general de estupor- y les indicaba la necesidad de dar una imagen de unidad en torno al presidente.

Por primera vez en años, Camps llegó con un ligero retraso al hemiciclo, donde se encontró con la escenografía bien engrasada. Aplausos, aplausos, aplausos. Luego intentó mantener un guión que había saltado por los aires y habló, sin convicción, del paro.

La situación se tensó cuando el portavoz socialista, Ángel Luna, salió a interpelar a Camps sobre los controles en las contrataciones de la Generalitat. Y ahí Camps retomó el hilo de su declaración institucional. Volvió a apelar a sus mayorías electorales -sólo una hora antes había apelado a un nuevo sondeo que supuestamente ratificaría su mayoría en caso de elecciones, como si ello justificase toda su gestión-, criticó a los socialistas e hizo una concesión, forzado por el escándalo político. "Todos los consejeros han pedido comparecer [en las distintas comisiones parlamentarias] para todo aquello que ustedes les pregunten", prosiguió el jefe del Consell, "si ustedes han intentado elevar la sombra de la sospecha durante los días de las comparecencias se darán cuenta del terrible error que cometen".

Pero esa defensa ya estaba desbordada. Luna recordó que ha tenido que ser, esta misma semana, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, el que ha demostrado cómo funciona el Consell, al reconocer que tiene amigos a los que ha adjudicado contratos.

"La diferencia es que él ha firmado y por usted han firmado otros", remachó Luna, que acusó al presidente valenciano de no controlar nada y de estar en una situación complicada. "Ustedes se han gastado dinero público en eventos que terminan donde terminan", sentenció.

En este punto del debate, Camps intentó primero la descalificación personal, luego defendió su tranquilidad de conciencia y negó todas las insidias. Y finalmente, optó por refugiarse en unos versos más propios de unos ejercicios espirituales que de un estadista defendiendo su gestión.

Con la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, Camps tampoco tuvo ayer mejor suerte. Oltra se quejó del oscurantismo, le aireó los problemas con la justicia, las sospechas por el impago de los trajes (que se mencionan en una de las grabaciones del sumario de Garzón) y de la desfachatez con la que los consejeros reconocen que adjudican a los amigos.

Camps, en un momento de bajón, insistió en que todas las informaciones de irregularidades habían sido rebatidas y sentenció: "Redoblaré el esfuerzo para demostrar la decencia de un Gobierno que se siente respaldado por la democracia", manifestó Camps. Aplausos y más aplausos del PP.

La sesión de control también sirvió para constatar dos cosas. Dos vicepresidentes, Vicente Rambla y Gerardo Camps, se esforzaron en mostrarse agresivos con la oposición en la defensa del jefe del Consell. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que ha reconocido adjudicar contratos a un amigo íntimo y que tiene una propiedad a medias en la que ha levantado un parany, constató como su posible destitución por el escándalo se diluía ante los nuevos hechos conocidos. De hecho, Castellano se presentó voluntario ayer para atizar también a la oposición en la sesión de control. Una sesión en la que la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez -que adjudicó el primer concurso de Fitur a Orange Market- dejó su supuesta imparcialidad para aplaudir a Camps. Un presidente arropado por todos sus diputados, especialmente por el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ambos imputados. Cargos del PP imputados a los que, de manera genérica, el jefe del Consell mostró su solidaridad durante la declaración institucional.

Las horas siguientes no fueron mucho más relajadas. Tras el mazazo, los populares valencianos se dedicaron a intentar contrarrestar el efecto del informe de la Fiscalía Anticorrupción, tanto en la estructura del PP nacional como su repercusión mediática.

Por la tarde, el PP escenificó su apoyo a Camps en una junta directiva extraordinaria, informa Sara Velert. Camps entró en la sede del brazo de Barberá, que anuló sus compromisos en la campaña electoral gallega, y tras fundirse en sonoros abrazos Ricardo Costa, David Serra y el vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons. Los aplausos y gritos de "¡president, president!" se escenificaron ante las cámaras.

Al acabar, Costa explicó que el PP sale "más unido que nunca" y apoya sin fisuras "al mejor presidente". Aunque de momento la instrucción sigue adelante y apunta a otro alto cargo.

Francisco Camps, arropado por su Gobierno y la alcaldesa Rita Barberá, ayer, cuando se dirigía desde el Palau de la Generalitat a las Cortes Valencianas.
Francisco Camps, arropado por su Gobierno y la alcaldesa Rita Barberá, ayer, cuando se dirigía desde el Palau de la Generalitat a las Cortes Valencianas.JORDI VICENT

Sin respuesta

- La oposición parlamentaria formuló ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, un rosario de preguntas relacionadas con la existencia de contrataciones supuestamente irregulares y la estabilidad institucional del Gobierno valenciano. La mayoría quedaron sin respuesta. En otras Camps replicó con otras preguntas como ¿Cree de verdad que yo puedo ser imputado por lo que se publica estos días?

- ¿Si es imputado asumirá sus responsabilidades políticas?

- ¿Dará la información que solicita la oposición?

- ¿Piensa abrir una investigación interna (sobre las contrataciones con Orange Market y otras empresas con las que hay vínculos)?

- ¿Cómo va a exigir responsabilidades al consejero de Gobernación? (Serafín Castellano ha reconocido que adjudicó obras a un amigo íntimo).

- ¿Si es imputado, pedirá al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, que ha declarado ser algo más que un amigo suyo, que se inhiba?

- ¿Si resulta imputado pondrá su cargo a disposición del partido?

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