Con Camps o por "otro camino"

Una naranja podrida deja paso a otra bien sana. El mensaje de la campaña del candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSPV-PSOE, Jorge Alarte, en tonos anaranjados, es bien explícito gráficamente y en su contenido. "El próximo 22 de mayo, los valencianos y valencianas no deciden nada sobre España ni sobre José Luis Rodríguez Zapatero", explicó ayer Alarte, "lo que deciden es si Francisco Camps continúa gobernando o eligen otro camino".

La campaña de los socialistas para las elecciones autonómicas, con el lema "otro camino es posible", ya está en las vallas publicitarias y se desplegará hasta la disolución de las Cortes Valencianas en todo tipo de soportes. Después, hasta la campaña propiamente dicha y debido a que la Ley Electoral prohíbe la publicidad explícita en la calle durante la precampaña, entrará en una nueva fase "diferente, innovadora y que cumplirá estrictamente ley", según explicó Alarte, que no quiso adelantar más detalles.

"Nosotros sí queremos tener vallas", dijo el dirigente del PSPV-PSOE, en alusión a las declaraciones de Camps en el sentido de que ha decidido renunciar a promoverse como candidato en ese tipo de soportes. La intención de los socialistas es precisamente situar a los ciudadanos ante la disyuntiva de votar a un presidente imputado por corrupción o tomar una opción alternativa. Para ello, contrapondrán aspectos relacionados con la gestión de Camps como "corrupción, ineficacia e insolvencia" a las propuestas de Alarte de "transparencia, eficacia y solvencia", o el "fracaso escolar" a "una educación de calidad", o "la prepotencia y la mentira" a "la democracia y el diálogo", o "la especulación y el pelotazo urbanístico" al "empleo, las oportunidades para los jóvenes, la sostenibilidad y los grandes acuerdos para el futuro del territorio".

Alarte invitó a Mariano Rajoy, líder nacional del PP, si tiene de verdad interés en combatir la corrupción, a "quitar de las listas a Camps, Ripoll, Fabra y los demás" y a apoyar la propuesta del PSPV-PSOE de una ley de calidad democrática y transparencia que proscriba las cláusulas de confidencialidad en los contratos de las Administraciones públicas y castigue como delito la negación de información a los parlamentarios.