Cano obtuvo ingresos bancarios de promotores con intereses en Polop
El alcalde del PP multiplicó el número de cuentas y creó cuatro empresas
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sospechó que el asesinato del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda, tiroteado a las puertas de su casa en octubre de 2007, escondía intereses urbanísticos. Y el principal sospechoso era Juan Cano, actual alcalde encarcelado por este caso. Tras las primeras indagaciones, la policía pidió un informe completo a la Agencia Tributaria sobre las actividades inmobiliarias, las operaciones de compra y venta, los movimientos bancarios y el incremento patrimonial del alcalde, su mujer y las empresas que manejaban.
La Cadena SER informó ayer de que Cano era titular de 24 cuentas corrientes en 2007, 11 más de las que tenía un año antes. Su mujer, Carmen Berenguer, ya figuraba en la titularidad de 25 cuentas bancarias en 2006. Entre ambos manejaban cuatro empresas. Una de ellas ingresó importes idénticos en dos ejercicios consecutivos procedentes de una de las empresas que trabajaban en el pueblo.
Cano fue el concejal de Urbanismo que aprobó la homologación del PGOU en marzo de 2003. Pero sólo tres meses después fue apartado por el PP de los puestos de salida. El PP recibió una grabación de un intento de extorsión de Cano a un empresario. Por esta razón también fue apartado Joaquín Montiel, actual edil de Turismo. Entre ambos controlan el partido tras ganar la asamblea local Montiel, que sigue siendo el presidente del PP en Polop. Sólo un mes después de dejar el acta de concejal, Cano y su mujer registraron al 50% la empresa Ofigest Services Costa Blanca, SL, cuyo objeto era ser agente urbanizador. Por delante tenían la adjudicación de 11 planes urbanísticos para construir en 7 millones de metros unas 10.000 viviendas para multiplicar por nueve la población.
El negocio no debió irles mal, porque el 4 de abril de 2006 constituyeron otras dos empresas: Inversiones Puig Campana, SL, que tiene a Juan Cano como administrador único, y Cano Berenguer, SL, donde comparte cargo con su mujer, que ya disponía de la mercantil MST Líber, SL, con la que gestionaba una agencia de seguros y una inmobiliaria.
Los ocho informes de Hacienda que forman parte del sumario secreto del caso Polop incluyen todos los movimientos de ambos cónyuges y la contabilidad de sus empresas. En ellos se descubren algunas operaciones comprometedoras a partir de 2005 con empresas que habían conseguido adjudicaciones en el municipio y con las que Cano habría negociado desde la dirección del urbanismo local. En los tres últimos años, la Agencia Tributaria ha detectado facturas de hasta 220.000 euros a cuatro empresas promotoras con intereses en Polop.
Cano también hizo negocios con el ex concejal del PP Jaime Narbó, otro de los que han sido investigados. Narbó vendió tres parcelas compradas en 1999 por 60.101 euros. Una de naturaleza urbana de 5.153 metros fue vendida a la empresa urbanizadora Blau-Verd, SL, en noviembre de 2005 por 480.000 euros apenas dos semanas después de serle adjudicada a esta mercantil la condición de urbanizadora del sector 8 Teuleria-La Paz. Cano ejerció en la venta de representante del entonces concejal de Turismo Jaime Narbó, que ni siquiera se ausentó de la votación para la adjudicación del plan donde tenía terrenos en el pleno del 11 de noviembre de 2005. Las otras dos parcelas rústicas las había vendido en 2004 a su padre y a Juan Cano por 7.500 euros cada una. Ambos acabaron revendiéndolas también el 25 de noviembre de 2005 a Blauverd por 240.000 y 290.000 euros, respectivamente. Cano había ganado en un año y con una sola parcela 282.250 euros. Blau-Verd detenta además la condición de agente urbanizador de la unidad de ejecución número 1 llamada Nova Polop, de 2.300 viviendas.
Diversas fuentes han confirmado que Cano pretendía impulsar desde su concejalía la construcción de 5.000 viviendas fuera del Plan General en las partidas de Bacorero y Matet del término municipal polopino, tramitación a la que se opuso desde el principio Alejandro Ponsoda. Una más de las diferencias sobre la gestión urbanística que acumularon ambos munícipes.
