La Carta de Valencia de Barberá ignora el empleo o la inmigración
Aunque se preocupa de describir detalladamente sus títulos, su escudo y la bandera oficial, el borrador de Carta Municipal de la Ciudad de Valencia que ha redactado el equipo de la alcaldesa, Rita Barberá, y que se discute en la comisión mixta Generalitat-Ayuntamiento, ignora cualquier competencia en materia de empleo, inmigración, sanidad o turismo, y no prevé mecanismos consorciados de colaboración con el Estado y la Generalitat, ni establece mecanismos de planificación económica o estratégica. Tampoco hace alusión alguna a la planificación o coordinación del área metropolitana.
El borrador, al que ha tenido acceso este diario, -que asegura que Valencia es una ciudad "enriquecida por la valiosa herencia romana, visigoda, árabe y cristiana" y se preocupa de referir todas sus fiestas, los monumentos más destacados de su patrimonio-, dedica un párrafo de la exposición de motivos a reconocer su "carácter de urbe metropolitana" para obviar el hecho a lo largo de sus 49 artículos.
Derechos ciudadanos
Además de crear un Consell de Capitalitat en el que estarán representados el Ayuntamiento y la Generalitat, la propuesta de Carta Municipal de Valencia reseña una serie de derechos ciudadanos en la línea de los previstos en la reciente Ley Valenciana de Régimen Local, que incluyen la creación de un defensor o defensora de los vecinos, establece que Valencia podrá ostentar competencias que le transfieran o deleguen otras Administraciones "siempre que se acompañen de la correspondiente consignación económica y presupuestaria" y dedica capítulos propios a urbanismo y vivienda; medio ambiente, salubridad pública y consumo; seguridad ciudadana y protección civil; cultura, educación, deportes y juventud; transportes y circulación; derechos sociales y telecomunicaciones. A diferencia de otras cartas municipales, como la de Barcelona, el borrador no prevé la figura de los consorcios para la gestión de competencias en ámbitos como la sanidad, el empleo o la inmigración.
La Carta Municipal, que tendrá rango de ley, tiene sobre el papel la función de determinar qué servicios son propios de la gestión municipal y cuáles de otras Administraciones para garantizar su adecuada financiación. En su mayor parte, los servicios que no son propiamente municipales corresponden a las competencias de la Generalitat.
