Castellón cambiará la norma para que se pueda beber en las calles

El Ayuntamiento de Castellón ha decidido no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que implica la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en las calles de las tascas. En su lugar, el equipo de gobierno, del PP, cambiará el artículo de la ordenanza anulado por el TSJ para autorizar el consumo en esta zona de la capital de La Plana. El Ayuntamiento estima que tiene dos meses para aprobar de nuevo el texto antes de que se pueda ejecutar el fallo judicial e impere así una particular ley seca en el entorno de las tascas.

El concejal de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, explicó ayer que los servicios jurídicos municipales han aconsejado esta opción. Ahora, el Ayuntamiento deberá darse prisa en volver a aprobar la ordenanza. Tal y como explica, antes de que el pleno dé el visto bueno definitivo a la nueva redacción se debe convocar una comisión de participación ciudadana, recibir el informe jurídico municipal, plantearlo en junta de gobierno y comisiones, aprobarlo inicialmente en pleno, abrir plazo de información pública, resolver alegaciones y aprobarlo definitivamente en sesión plenaria. "Estimamos que tenemos dos meses para todo, teniendo en cuenta además los 30 días de exposición pública". La tramitación deberá ser exprés.

El TSJ ha anulado el artículo 26 de la ordenanza de convivencia ciudadana aprobada en 2008 por ser contraria a la ley de drogodependencias al permitir que se pueda autorizar el consumo aun cuando se ponga en peligro la convivencia. También ha tumbado el último párrafo, que daba cobertura legal a beber en las calles de las tascas, por considerar que hay un fallo en su redacción.

En este sentido, la sentencia recuerda que "se necesita la autorización precisa y concreta para determinados lugares, lo cual no es lo que dispone la ordenanza municipal". Romero precisó que la autorización expresa para la zona de las tascas se hará una vez que se vuelva a aprobar la modificación de la ordenanza.

Los hosteleros de la zona temen que la asociación Castelló Sense Soroll (colectivo que recurrió al TSJ), presente nuevas alegaciones y recursos a la nueva redacción de la ordenanza y achacan esta posición a supuestos intereses inmobiliarios en la zona.