La Confederación del Júcar rechaza el plan Rabassa porque no garantiza el agua

El plan Rabassa -la iniciativa urbanística más ambiciosa de Alicante con 15.000 nuevas viviendas en la periferia de la ciudad- acaba de cosechar un nuevo revés. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) rechaza el proyecto, adjudicado al contratista Enrique Ortiz, porque no garantiza el abastecimiento a la futura población, unos cinco hectómetros cúbicos de agua al año. El organismo subraya el impacto negativo de la macrourbanización sobre el humedal de las lagunas de Rabassa. La CHJ presentó ayer un plan de recuperación integral del Júcar, sometido a una fuerte presión.

El Consell sigue sin asumir la gestión de los ríos decidida por el Supremo en 2004

El informe de la CHJ sobre el plan Rabassa llegó ayer al Consistorio de Alicante, según confirmó la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo. La edil eludió comentar el dictamen: "No he tenido tiempo de examinarlo". No obstante, fuentes de la CHJ señalaron que el informe concluye desaconsejando el programa urbanístico, básicamente por dos razones. La primera, porque la macrourbanización consumirá cinco hectómetros de agua al año y la ciudad no dispone de esos recursos. El promotor y el Ayuntamiento no han aportado alternativas. Además, la CHJ rechaza la iniciativa urbanística por su negativo impacto sobre el humedal alrededor del cual se levantarán las 15.000 nuevas viviendas programadas.

El pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente el plan Rabassa en abril de 2005 merced a la mayoría absoluta del PP. La oposición, PSPV y EU, votó en contra. El proyecto ha provocado una fuerte contestación social y es objeto de una investigación del fiscal de Medio Ambiente a raíz de una denuncia de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas.

El informe negativo de Rabassa pone de manifiesto una vez más la sobreexplotación de los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana. En esa línea, el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, presentó ayer el plan de trabajo para impulsar la recuperación integral del principal río, el Júcar, sometido a "importantes presiones" socioeconómicas que exigen un programa de mejora global de los caudales y su calidad ambiental. El organismo creó ayer las comisiones de trabajo para fijar actuaciones en torno a la calidad del agua, los caudales ecológicos, la restauración de los ecosistemas, la revalorización del patrimonio cultural asociado al Júcar y la protección contra las riadas. En la elaboración del plan estarán implicados todos los usuarios y administraciones afectadas, tanto de la Comunidad Valenciana como de Castilla-La Mancha, empresarios, sindicatos y ecologistas. El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, invitado junto a otro representante de la Generalitat, no acudió a la reunión. Castilla-La Mancha sí envió a un miembro de su gobierno.

Moragues destacó que el informe servirá de base a la redacción del nuevo Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), que comenzará en 2008 y significará la revisión total de la explotación de los ríos de la demarcación. Una tarea que se prevé muy complicada, dada la tensión entre los usuarios castellanomanchegos y los valencianos en torno al Júcar. El PHJ implicará un nuevo reparto de competencias, de modo que la Generalitat deberá asumir la gestión de los ríos que discurren íntegramente por territorio valenciano. Así lo exige una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2004. Moragues avisó ayer de que el Consell sigue sin asumir esa obligación, a pesar de los reiterados requerimientos de la CHJ y un decreto del pasado 3 de febrero que recuerda que está pendiente esa transferencia. Fuentes del Consell se limitaron a repetir que aceptarán ocuparse de sus ríos pero que no se ha concretado el traspaso.