El Consell Escolar pide un decreto de Derechos y Deberes de consenso

Puede estar en medio del pasillo de la consejería o en El Saler. Si se pregunta en la calle, las mujeres lo reconocen porque participan de él en sus respectivos centros escolares. Los hombres, en general, no saben ni que existe. No sale en los informativos de Canal 9. Pero lleva ya 25 años funcionando, en medio de protestas, vetos y acuerdos "históricos" como el alcanzado por el Consell Escolar Valencià en su sesión plenaria del 25 de enero, Por unanimidad sus 60 consejeros (representantes de todos los sectores educativos públicos y privados, católicos y laicos, sindicatos y patronales, inspectores y técnicos) aprobaron un dictamen de consenso que prioriza "la prevención y la mediación" como ejes principales sobre los que se deberá edificar el decreto de Derechos y Deberes de Alumnos, Padres y Profesores.

El CEV priorizó la mediación en el decreto de Derechos y Deberes

Lleva 25 años en marcha, en medio de protestas, vetos y pactos históricos

Centros públicos y concertados tienen que cumplir los mismos requisitos

Los sindicatos esperan que el decreto se elabore por consenso

Entre las escasas históricas sesiones, como el bautizado pleno de El Saler o el pleno de Utiel -en 2003, cuando era consejero de Educación, Esteban González Pons, y presidió la sesión por primera vez en la historia del CEV un alcalde del PP- ha mediado una legislatura completa. Y en el camino, mucho desgaste, desacuerdos e incluso sesiones sonadas por el "veto" de la Consejería de Educación a las enmiendas de los consejeros del abanico social: sindicatos, padres y alumnos abandonaron el pleno del 26 de abril del año pasado hartos de que no se atendieran sus consideraciones sobre la asignatura de Educación para la ciudadanía.

"En estos años el CEV ha vivido momentos de verdadero bochorno", recuerda Luis García Trapiello, consejero de CC OO y uno de los más veteranos. El futuro del consejo, según Trapiello, pasa por sacar adelante "un decreto basado en el dictamen aprobado por consenso en enero". Pero esto, será difícil. Ya que, en su opinión, "el consejero retira el borrador de decreto porque es infumable; o lo retira y sigue las recomendaciones del dictamen del CEV, porque su propuesta inicial no tiene parangón en ninguna otra comunidad autónoma gobernada por el PP".

El talante "punitivo" del texto, la creación de las polémicas aulas específicas para segregar a los alumnos es algo, en opinión de Albert Sansano del STEPV, "que ha quedado desterrado del decreto gracias al dictamen del CEV". Aunque, "su redacción dependerá de la voluntad democrática de la consejería". ¿Y, cuál es la voluntad democrática? "Pues, por ejemplo, que en un tema tan importante como fue la elaboración del dictamen del currículo de Educación para la ciudadanía, el CEV hiciera una serie de recomendaciones y la consejería se las saltase. Incluso llegó a obviar aquéllas en las que se les advertía de que incumplían la normativa estatal de rango superior. Cuando esto pasa, es que no tienes ninguna voluntad democrática".

En general, todos los sindicatos de la pública y de la privada coinciden en que el funcionamiento del Consell Escolar ha variado según etapas. "Ha habido etapas donde los dictámenes se tenían muy en cuenta", coinciden Sansano y Trapiello. Y otras -dicen el sindicato de funcionarios docentes de la pública CSIF y la FSIE (el sindicato mayoritario de docentes de la privada)-, donde "el CEV se politizó mucho". Entre ellas distinguen la del primer presidente nombrado por el PP, Carlos Alcalde, que, según precisa Trapiello, "logró dominar el voto mayoritario a base de dividir a los representantes de los padres"; y la del anterior consejo, el presidido por el ex alcalde del PP Enrique Luján. "Era un hombre político, mientras que ahora", opina Moisés, representante de la FSIE en el CEV, "ha habido mucha urgencia para aprobar un dictamen por unanimidad".

Si bien la FSIE reconoce que puede ser debido a la urgencia político electoral, su opinión es que desde principios de curso, con el actual presidente Pedro Ortega, el consejo se ha despolitizado. Para Trapiello, la inclusión de personas que han ido en las últimas listas electorales autonómicas, y de miembros del Foro de la Familia configuran un Consejo donde está representada "el ala más dura de la cristiandad en estos momentos".

Gerardo Fernández de UGT sostiene que el futuro decreto es complicado. Y defiende "el consenso, porque obliga más al actual consejero [Alejandro Font de Mora] a seguir las pautas marcadas y potenciar la mediación. No es que el dictamen diga que la modificación la han pedido los empresarios o los padres, es que se lo piden todos los sectores",

Miguel Á. Cerdán, del CSIF, está convencido de que "el dictamen sí servirá para la redacción del nuevo decreto. Porque la propia consejería es consciente de que si no incluye la recomendación de priorizar la mediación, quedará cojo". Aunque no tiene nada claro que sea "un profesor del centro con formación específica el encargado de la resolución de conflictos". El consejero Font de Mora, de entrada, ya ha adelantado que esta función no se profesionalizará. Y también ha anticipado que, en el marco de la nueva Ley Valenciana de Educación, habrá una reforma del CEV.

Pero, ¿en qué sentido? "Esa es otra de las cosas que desconocemos", replica Sansano. De entrada, lo que no tiene ningún sentido, añade, es que "un decreto de convivencia, cuyo dictamen se ha aprobado por consenso, no se elabore por consenso. Es que no tendría ningún sentido. Es puro civismo", añade Sansano. Además de que, según FSIE, otra de las virtudes del dictamen reside en el reconocimiento implícito por parte de todos los consejeros de que los centros concertados y los públicos tienen que cumplir los mismos requisitos. Es decir, hacer transparentes los casos de violencia verbal o física, algo que, según apunta, en los grandes centros del Opus o de los Legionarios de Cristo "puede no darse porque se juegan el prestigio. Pero, en general, lo colegios concertados apuestan por la transparencia".

"Si fuera honesto", dice Trapiello, "el consejero tendría que decir públicamente estos artículos y estas recomendaciones son asumibles para mí y estas no. ¿Qué tiene Castilla y León que no tenga la Comunidad Valenciana para que allí sí salga un decreto de Derechos y Deberes consensuado en el seno del CEV y aquí no? ¡Ah!, sí, que allí, según los Informes PISA, obtienen los mejores resultados académicos y aquí tenemos los peores datos de fracaso escolar".