El Consell busca imponer a las universidades un recorte de fondos

Cuando se hizo visible, hace una semana, la guerra por la financiación que enfrenta a la Generalitat y a las universidades había quemado varias etapas. Hace un mes, el Consell pidió a los rectores que aceptasen sostenerse este año con un recorte de 100 millones de euros. Los dirigentes académicos rechazaron la oferta y dejaron ver a su interlocutor, el secretario autonómico Emilio Barberá, que ante una medida unilateral de ese tipo no les quedaría otra salida que dimitir en bloque. Barberá relajó el ambiente asegurando que se mantendrían las cantidades que se pactaron para 2007. En paralelo, el secretario autonómico empezó a negociar el plan de financiación para los próximos años con los presidentes de los consejos sociales de las universidades -la mayoría de ellos, empresarios- a espaldas de los equipos rectorales.

La Generalitat dejó de pagar a las universidades en 2007 en agosto

La financiación de 2008, lo que todavía se les adeuda de 2007 -agosto fue el último mes en el que las universidades recibieron las llamadas transferencias ordinarias, con las que pagan las nóminas y los recibos del agua y la luz- y lo que se les debe de las inversiones para infraestructuras comprometidas en octubre de 2005 son tres campos de batalla importantes. Hay otro, el del nuevo modelo plurianual de financiación, que las universidades consideran, sin embargo, decisivo: de él depende que puedan trazar estrategias a varios años vista en una época, la de la gran reforma del sistema para adaptarlo a Europa, que consideran el más profundo que las universidades han afrontado desde la restauración de la democracia.

La táctica de Educación en este caso también ha sido inédita: por primera vez el Consell ha empezado a negociar un plan de financiación con los presidentes de los consejos sociales sin comunicárselo a los equipos de gobierno de las universidades.

El presidente del Consejo Social de la Universitat de València es el notario Carlos Pascual. El de la Politécnica de Valencia, Rafael Ferrando, presidente de la patronal autonómica. El de la Universidad de Alicante, Ricardo Ferré, presidente del Colegio de Médicos de Alicante. El de la Jaume I de Castellón, Rafael Benavent, fundador de la azulejera Gres de Nules-Keraben. Y el de la Miguel Hernández de Elche, Emilio Cano, empresario del sector del calzado.

Los consejos sociales ganaron competencias con la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) del último Gobierno del PP. Y las ampliaron todavía más con el decreto de desarrollo aprobado por la Generalitat. Los miembros que en ellos designan las universidades quedaron en clara minoría frente a los que nombran las Administraciones (Cortes, Consell, Ayuntamiento y Diputación) y otros colectivos sociales.

Los consejos sociales agrandaron sus competencias, pero las buenas relaciones entre sus presidentes y los rectores no se vieron alteradas. Los consejos han mantenido su tradicional respeto a la autonomía universitaria: aunque son los encargados de dar la última aprobación a los presupuestos de las universidades, ese paso ha venido siendo un trámite formal.

En la reunión que mantuvo con sus presidentes, el secretario autonómico Emilio Barberá les entregó un calendario de trabajo. En él se preveía la creación de una comisión negociadora, de la que no se concretaba la composición. Y una presentación del borrador del nuevo modelo a las universidades en junio, lo que dejaba la puerta abierta a que los gobiernos universitarios, normalmente, actores principales, no intervinieran en la negociación hasta el final.