El Consell desfila por las Cortes para negar papeles a la oposición

Los tres vicepresidentes del Consell coincidieron ayer al esgrimir la crisis económica para restar importancia a los requerimientos de la oposición sobre los contratos de la Generalitat con empresas implicadas en la supuesta trama de corrupción y blanqueo que investiga el juez Baltasar Garzón. Ninguno aportó ningún detalle al respecto ni respondió a ninguna pregunta.

El portavoz Vicente Rambla dibujó el esquema general a primera hora. Arrancó con una extensísima exposición de las líneas generales de gestión de su consejería.

Los tres portavoces de la oposición calificaron la presentación inicial como "una falta de respeto", una "tomadura de pelo" o "un cachondeo". Luego expresaron sus sospechas en intervenciones con el tiempo tasado. "¿Qué relaciones mantiene el Consell con Orange Market y el resto de empresas que investiga el juez?", preguntó Glòria Marcos, de Esquerra Unida. "¿En qué se han gastado la partida de gastos diversos para asistencias técnicas que se ha disparado hasta 1.627 millones de euros en los tres últimos años?", siguió Mónica Oltra, de Compromís. Y el socialista José Camarasa cerró: "Queremos el expediente completo del contrato con Orange Market para la fiesta de salida de la Volvo Ocean Race, cuándo se anunció, dónde, cuánto tiempo, ¿hay constancia documental de este hecho?"

Gerardo Camps dice que cumplirá todo lo que exije el Reglamento

"Piden los mismos papeles que ya tienen, los conocen mejor que las partes", respondió desafiante Rambla, "pidan lo que quieran pero no embarullen al Gobierno de la Generalitat".

Camarasa replicó con una proposición de ley para constituir un registro de contratos menores que se adjudican sin concurso público, un registro que también ha pedido Compromís.El presidente de la Generalitat anunció las comparecencias de todos sus consejeros durante la última sesión de control a la que se sometió ante el pleno de las Cortes. Francisco Camps, que fue relacionado ese mismo día con la supuesta trama corrupta que investiga la Audiencia Nacional, aseguró que los consejeros responderían a todas las dudas de la oposición "con tranquilidad, transparencia, sentido de la lealtad y responsabilidad".

Pero las comparecencias sin una comunicación previa no cumplieron su cometido. Juan Cotino, vicepresidente tercero, llegó a invitar a los diputados a visitar la sede de su consejería: "Estamos a su disposición para ver el expediente que quieran". Una prueba flagrante del escaso contenido de toda su comparecencia.

Gerardo Camps, vicepresidente segundo y consejero de Hacienda, situó la escena en el mismo contexto que Rambla. "Estamos en un momento crucial de nuestra historia, no nos perdamos en cosas que no interesan a nadie, no es el momento de hablar de un sumario judicial que es secreto". Camps apeló a la Sindicatura de Comptes o a la difusión de la Cuenta General de la Generalitat para presumir de transparente. Pero hizo oídos sordos a la insistencia de Cristina Moreno, portavoz socialista, en conocer detalles sobre la adjudicación de "la acción Hospitality America's Cup" por parte de la sociedad pública Valencia Community Investments (VCI). "¿Tiene algo que ver con que Alberto Dorrego de Carlos fuera vicesecretario del consejo de VCI?" Alberto Dorrego es socio director del despacho de abogados Eius que ha trabajado para José Luis Ulibarri, titular de 13 de las 40 concesiones de Televisión Digital Terrestre adjudicadas por la Generalitat en 2005.

No obtuvo respuesta. La diputada socialista ilustró el absurdo de la situación al entregar a Rafael Maluenda, presidente de la Comisión de Coordinación ante la que comparecieron los consejeros, una relación de las empresas vinculadas a la supuesta trama que investiga el juez Garzón. Maluenda hizo saber que desconocía el sentido de aquel papel, "sin membrete ni fecha de registro", y aclaró que él no estaba autorizado para recibirlo ni para trasladárselo al vicepresidente económico.

Gerardo Camps lamentó "la interpretación burlesca" del Reglamento de las Cortes, invocó la necesidad de la norma "que determina cómo se deben hacer las cosas" y prometió: "Dígame qué expediente concreto le interesa que yo le responderé".

Pero Moreno recordó cómo había reclamado en varias ocasiones el mismo expediente adjudicado por la VCI con todo lujo de detalles y apenas recibió un informe sobre las atenciones a visitantes extranjeros.

Josep María Pañella, que sustituyó a Mònica Oltra cuando le tocó el turno al vicepresidente tercero Juan Cotino, fue sincero. "No sé qué hacemos aquí", le dijo al consejero de Bienestar Social tras la larga exposición de las líneas generales de su gestión.

El socialista Antonio Torres sí solicitó información sobre los actos contratados por la fundación semipública Tolerancia Cero a Orange Market. También requirió detalles sobre los conciertos con las 20 residencias de mayores en cuyo capital participa la familia Cotino.

El consejero de Bienestar Social reiteró que los conciertos con residencias de mayores se acordaron antes de su llegada y volvió al guión: "Repiten un estribillo porque creen que está de moda, pero todo son acusaciones basadas en falsedades".