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El Consell ha nombrado a dedo al 64% de inspectores de Educación en 10 años

La asociación de profesionales Adide afirma que esta actuación es "inédita" en España

La estrategia inaugurada en 1996 en la primera legislatura del PP -que sólo en un lustro consolidó un aparato de inspección a través de un laborioso entramado de vínculos ideológicos, familiares y políticos- se ha acelerado en puertas de las elecciones autonómicas. Desde noviembre, Educación ha nombrado a 15 inspectores "accidentales" más, que se suman a los 28 de los últimos años, sin mediar concurso de méritos ni oposición pública. En una década, de los 134 inspectores autonómicos que componen la plantilla, 86 han sido seleccionados a dedo en comisión de servicio.

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En la actualidad, de esos 86 inspectores que han sido nombrados a dedo en una década, un total de 45 ya tienen consolidada su plaza gracias al polémico concurso oposición convocado el 20 de noviembre de 2000 que -contra lo acostumbrado en la función pública- valoró como mérito el tiempo desempeñado en comisión de servicio. Otros 28 responden al perfil de docentes vinculados al PP (algunos militantes) que han sido seleccionados en la última legislatura. Y los 15 restantes fueron reclutados el pasado noviembre, siendo dos para la plantilla de inspectores de la provincia de Castellón (ya incorporados); cinco para la de Valencia (tres incorporados); y otros siete para Alicante (tres cubrirán bajas por jubilación, aunque no se han incorporado).

Esta fórmula de selección a dedo sin mediar concurso de méritos ni oposición -que es "inédita" en el Estado español, según el estudio comparativo realizado por la asociación profesional Adide en 2006- arroja un resultado preocupante en la comunidad autónoma, ya que los 86 nombramientos representan el 64% de la plantilla autonómica de inspectores actual, integrada por 134 funcionarios docentes.

Una imagen que contrasta con las promesas preelectorales de la derecha hace 11 años. De hecho, el PP valenciano llegó a la Generalitat con una promesa electoral bajo del brazo: "Profesionalizar la inspección educativa" y limpiar un cuerpo de funcionarios docentes que el primer director general de Educación, Carlos Alcalde, y un ilustre ex diputado del PP llegaron a tachar de "pesebre para colocar a los amigos del PSOE".

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Lejos de cumplir el compromiso adquirido con los electores valencianos en el programa del PP, la actual Administración valenciana, que preside el ex consejero de Educación, Francisco Camps, ha acelerado el ritmo de designaciones.

De manera que en las últimas semanas se ha producido un "reclutamiento masivo de inspectores accidentales, sin convocatoria pública y sin una explicitación clara de los requisitos que mínimamente tendrían que cumplir según señala la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE)", según denuncia la asociación profesional de inspectores mayoritaria Adide.

Adide, además, señala que en "algunos casos de reclutamiento se incumplen los requisitos mínimos de tener una experiencia mínima de cinco años en alguno de los cuerpos establecidos en la función pública docente". Como tampoco se acredita el conocimiento de la lengua cooficial de la autonomía de destino, que en este caso es el valenciano.

Es más, según denuncia el STEPV, "hay funcionarios seleccionados que ni siquiera trabajan en el País Valenciano, como es el caso de un docente que está en Canarias". En otros casos, el STEPV y CC OO han detectado -y confirmado- la ausencia de la experiencia requerida de cinco años.

Y en la mayoría, subrayan ambos sindicatos, se trata de un "perfil de personas vinculadas al PP". CC OO señala casos concretos como "el aumento de plantilla en dos plazas para las cuales se han nombrado a dos personas de confianza del director territorial, obviando o más bien ignorando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

CC OO recuerda, además, que para acceder a cualquier plaza de cualesquiera de los cuerpos que conforman el sistema educativo (maestros, profesores de secundaria, enseñanzas especializadas, profesorado técnico de FP, etcétera) el procedimiento a seguir exige el establecimiento de garantías de concurso para asegurar el respeto a los principios constitucionales.

La pérdida de "transparencia" y el "clientelismo" confirman un grado de "endogamia" en el cuerpo autonómico de inspectores de educación -encargado de velar por la aplicación de la legalidad y la calidad de la enseñanza- que hace que los docentes crean que la inspección "es un cargo de libre designación".

Según el estudio comparativo de Adide, no existe otra autonomía como la valenciana a este nivel, salvo La Rioja donde "los seis inspectores accidentales accedieron por un procedimiento interno de selección, pero sin tener en cuenta el principio de publicidad de la convocatoria".

La Comunidad Valenciana es un "caso único en Estado español, donde la Administración utiliza la libre designación en la selección de inspectores en comisión de servicio sin procedimiento de concurso de méritos ni concurso oposición", sostienen los dos grandes sindicatos de la enseñanza y la asociación de inspectores Adide.

Bajo sospecha

La lista definitiva de aprobados en la oposición de 2000 (publicada en el DOGV en 2001) por la Dirección General de Personal de Educación, que dirige José Antonio Rovira, demostró que 45 de las 55 plazas fueron a parar a inspectores habilitados a dedo durante el Consell de Eduardo Zaplana, dos jefes de servicio y uno de sección. Esto confirmó, a juicio de los sindicatos CC OO y STEPV, "las sospechas de que la oposición era un traje a medida para colocar a los amigos del PP". Sólo 10 de los inspectores que consolidaron su plaza en el cuerpo de inspectores autonómico eran profesores con los años de antigüedad exigidos.

La polémica oposición acabó siendo recurrida en el Tribunal Superior de Justicia por el STEPV, al considerar que en ninguna oposición se computan en el baremo los años en comisión de servicio.

El TSJ, sin embargo, obvió la múltiple jurisprudencia de la Función Pública en recursos ganados por el CSIF, UGT, y CC OO en territorio nacional, y avaló las bases de aquel concurso, donde el tribunal opositor fue designado íntegramente por la Administración. De cinco miembros, dos eran altos cargos de la consejería, el presidente del tribunal era el director territorial y el quinto, el jefe de la inspección central. "Algo inédito en la historia de las oposiciones docentes", según los sindicatos.

Los sindicatos sospechan que Educación volverá a sacar una oposición a medida.

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