El Consell instruye a quienes declararán en el TSJ por su relación con 'El Bigotes'

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su Gobierno han insistido reiteradamente en que todas las contrataciones con Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, han sido fruto de "un proceso limpio en su adjudicación". Quizá por eso, miembros del Consell han empezado a instruir a las personas que participaron en la adjudicación de los distintos contratos a Orange Market para "coordinar declaraciones" y que no haya testimonios disonantes que cuestionen la normalidad de los "expedientes administrativos". De hecho, ha sido personalmente un miembro del Consell quien ha contactado con un ex alto cargo de la Generalitat para aleccionarle acerca de una adjudicación a Orange Market a la vez que le transmitía la idea de que podrá ser recuperado para la Administración en un futuro próximo.

Costa dice que tiene "elementos probatorios" del pago de los trajes

Fuentes del PP, en contraste con las declaraciones públicas de tranquilidad, no ocultan en privado su preocupación por la deriva que pueda tomar la investigación que realiza el Tribunal Superior de Justicia, que ha citado a declarar como testigos a más de 30 personas relacionadas con la adjudicación de contratos a Orange Market.

Ayer, el interrogatorio de la Fiscalía al secretario general del PP, Ricardo Costa, se centró fundamentalmente en su capacidad para contratar en la dirección regional del partido y su ámbito de influencia sobre determinados funcionarios que realizaron contrataciones con la empresa de Álvaro Pérez. Motivo por el cual Costa se encargó de recalcar que su nombramiento como secretario general del PP tuvo lugar en junio de 2007 y que accedió al puesto de portavoz del Grupo Parlamentario en abril de 2008. Fechas que son posteriores al periodo investigado por el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción. El auto remitido en su día al TSJ por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hacía referencia a varios apuntes contables de la trama de empresas corruptas que dirigía Francisco Correa al PP de la Comunidad Valenciana.

Además de Ricardo Costa, ayer declaró también en calidad de imputado el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos. Aunque la solidaridad del PP con ambos fue bien distinta. Campos acudió a las 9.15 de la mañana tan solo acompañado por su abogado. Y salió de la misma manera, rodeado por una nube de cámaras y micrófonos. Campos no quiso hacer ningún comentario sobre su declaración. Dos horas más tarde hizo su entrada en el TSJ Ricardo Costa, que acudió acompañado de los vicesecretarios de Comunicación, Política Local y de Organización del PP valenciano. A Costa lo arroparon unas decenas de cargos y militantes del PP, mientras dos o tres viandantes, al advertir su presencia, lanzaron gritos de "trajes para todos".

La salida de Costa, que atendió a los medios de comunicación, fue jaleada por simpatizantes del PP, que, a las puertas del TSJ, lanzaron gritos de "esta es la checa [los locales en los que se interrogaba y juzgaba de forma sumarísima durante la Guerra Civil] de ZP".

Costa, cuyos abogados depositaron "elementos probatorios" del pago de los trajes, aseguró estar tranquilo y convencido de que actuó siempre "conforme a legalidad". A pesar de que es la primera vez que un portavoz del PP declara como imputado, Canal 9 omitió la información en el sumario de informativo de mediodía.