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El Consell se lava las manos ante los gastos de la visita del Papa

Camps afirma que si se demuestra algún sobrecoste reclamará el dinero

Gerardo Camps, vicepresidente económico del Consell y máximo responsable del presupuesto de la Generalitat y sus empresas públicas, se lavó las manos ayer ante el pleno de las Cortes cuando fue interpelado sobre los gastos que generó la visita del Papa a Valencia en 2006. Camps remitió a una respuesta de Víctor Campos, que fuera vicepresidente de la Generalitat durante la pasada legislatura, quien cifró en 1,9 millones de euros el coste que supuso la visita del Papa para las arcas de la Generalitat.

Mònica Oltra, portavoz de Compromís, recordó al vicepresidente económico que Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) adjudicó por 6,4 millones de euros el contrato de sonorización de los actos públicos del Papa a Teconsa. Y esgrimió el informe de la brigada contra el blanqueo de dinero de la Policía Nacional que detalla cómo Teconsa subcontrató los servicios que le habían adjudicado a otras empresas capaces de prestarlos por 3,5 millones de euros. "Teconsa no era más que una pantalla de Francisco Correa", dijo Oltra, en alusión al máximo responsable del entramado de empresas corruptas relacionadas en el sumario del caso Gürtel.

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Gerardo Camps hizo un par de filigranas, dejó caer de forma intencionada el nombre de la empresa Mediapro e intentó colar un mensaje para incautos: "Si se demuestra que alguien ha contratado con Ràdio Televisió Valenciana y se han aprovechado de nosotros, somos los primeros que pediremos que se restituya ese dinero".

El escueto debate suscitó varias preguntas que Camps no se tomó la molestia en responder.

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- ¿Quién sostiene Canal 9? Ràdio Televisió Valenciana es una sociedad pública cuyo único socio es la Generalitat que recibió en 2008 una subvención de 50 millones de euros de las arcas autonómicas y que se vio forzada a acometer una ampliación de capital de otros 156 millones de euros el mismo año para compensar el ruinoso balance que arrojó la sociedad a finales de 2007. La ampliación de capital la asumió íntegramente la Generalitat.

- ¿Quién gestionaba Canal 9? El máximo responsable de Canal 9 durante la visita del Papa era Pedro García, jefe de prensa de Eduardo Zaplana y director de Comunicación de la Generalitat bajo mandato de José Luis Olivas y Francisco Camps, hasta que fue nombrado director general del ente público en junio de 2004. Una anotación que figura en la carpeta rotulada Temas Valencia, que incautó la policía en el piso de seguridad de la trama Gürtel, con fecha 6 de abril de 2004 como "asuntos a despachar por Paco Correa" contiene dos apuntes sensibles. "Pedro quiere ser director de Canal Nou". El segundo era una orden: "Álvaro, que se vaya para allá", para Valencia. Pedro García y Álvaro Pérez eran íntimos amigos.

- ¿Qué es Teconsa? Gerardo Camps esgrimió las adjudicaciones de obra pública a Teconsa desde el Ministerio de Fomento para sembrar dudas: "¿Cómo es posible que Teconsa sea una empresa ejemplar cuando contrata con el Ministerio de Fomento y cuando contrata aquí sea el colmo de todos los males?". Olvidó el vicepresidente económico que es normal que una empresa constructora opte a concursos para lograr contratos de obra pública mientras que no es tan habitual que una constructora obtenga un contrato de sonorización de un evento público en un contrato sin publicidad para subcontratarlo después a mitad de precio con empresas de ese sector.

- ¿Qué pinta Mediapro? Gerardo Camps deslizó ante el pleno de las Cortes que "si todas las adjudicaciones de RTVV vinculadas con la visita del Papa están en entredicho, ¿por qué no le pregunta a Mediapro?". Aludía el vicepresidente a la adjudicación de la gestión de la señal internacional de televisión de los actos públicos del Papa a la empresa Overon, una filial de Mediapro, especializada en servicios audiovisuales.

El barón que perdió su baronía

Mantenella y no emendalla. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dejó sin efecto el 21 de julio la orden de la Consejería de Educación que establecía la enseñanza de Educación para la Ciudadanía en inglés, una orden que generó un tremendo malestar entre la comunidad educativa a lo largo del pasado curso académico que desembocó en multitudinarias manifestaciones contra el Consell que preside Francisco Camps.

Los socialistas solicitaron ayer ante el pleno de las Cortes que se derogara definitivamente una orden que ya no se aplica y que resulta bochornosa. El PP rechazó la iniciativa, que contaba con el respaldo de Compromís y Esquerra Unida.

La socialista Ana Noguera se estrenó como portavoz de Educación con una lúcida exposición del contexto político en que surgió la ocurrencia de enseñar Educación para la Ciudadanía en inglés. "El conflicto nace cuando un barón regional en ascenso ofrece al desvalido líder nacional del partido el congreso de Valencia y un bastión desde donde hacer oposición al Gobierno central. Renunciaron a la institución para atacar desde la Generalitat a Rodríguez Zapatero. Pero ahora, el barón perdió la baronía. Ya no habrá otro congreso en Valencia. Retiren la orden porque es tan agónica como su Gobierno".

Marga Sanz, de Esquerra Unida, celebró "la racionalidad de la sentencia" del TSJCV y apoyó la derogación de la orden en cuestión.

Josep Maria Pañella, de Compromís, recordó el conflicto generado durante todo el curso pasado y solicitó a la bancada popular un acto de contricción: "Sólo les queda hacer un gesto de humildad. Asuman su error".

Pero Rosa María Barrieras, por el PP, rechazó las pretensiones del conjunto de la oposición. Barrieras se escudó en la polémica generada en torno a Educación para la Ciudadanía desde que el Gobierno central implantó la asignatura, recordó que hay 5.000 objetores a la asignatura en la Comunidad Valenciana y deslizó una falsedad: "Además, la sentencia está recurrida". La sentencia no admite recurso. La orden no se deroga porque soporta la subvención a los centros concertados que contrataron profesores auxiliares de inglés durante el curso pasado.

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