El Consell limita el acceso municipal al plan estatal de escuelas infantiles

La Generalitat Valenciana restringe el acceso de los Ayuntamientos al plan de Zapatero para la construcción de 30.000 plazas de educación infantil al término de la legislatura. El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, no sólo ha sido el último en cerrar en marzo los términos del convenio con el ministerio -por el que el Estado financia hasta 11,4 millones de euros a esta comunidad autónoma para la construcción o ampliación de nuevas plazas escolares de 0 a 3 años-, sino que la orden que publicó la semana pasada restringe seriamente el acceso de los Ayuntamientos al Plan Educa 3 del Gobierno central.

La orden está diseñada para que sólo los ayuntamientos que puedan presentar antes del 30 julio una justificación de que ya tienen la obra visada y adjudicada concurran a las "subvenciones", que se resolverán el 30 de noviembre. Teniendo en cuenta que en julio y agosto la Administración pública funciona a medio gas y que es complejo a nivel municipal agilizar los trámites de cesión de suelo municipal y sacar a concurso público la obra antes de final de mes, todo apunta a que sólo los ayuntamientos que hayan tenido conocimiento de la intención de la Generalitat podrán optar a las ayudas del Gobierno de Zapatero.

Galicia y Cantabria planificaron las plazas en vez de otorgarlas discrecionalmente

Las ayudas, además, sólo cubren "el 50% de la obra". Y según la orden publicada el 7 de julio, se regirán por la Ley de Subvenciones (cosa que no ocurre en otra autonomía) y se podrán pagar hasta dos años después del plazo de finalización, que es diciembre de 2010. Es decir, en diciembre de 2012.

El convenio estatal obligaba a la Generalitat a coficinanciar la obra al 50% -no a subvencionarla al 50%- con lo cual la Generalitat se exime en los dos primeros años de aportar los otros 11,4 millones que le tocaban y siempre puede justificar, al ser "partidas finalistas", que las solicitudes no han cubierto el crédito autorizado por el Estado el 18 marzo pasado, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado.

Ésta es otra de las singularidades exclusivas del modelo valenciano, que acaba cediendo la responsabilidad financiera a los ayuntamientos, que tendrán hasta dos años para cobrar la mitad de la obra.

La fórmula contrasta meridianamente con el convenio marco que diseño el ministerio, y que han respetado todas las autónomías, desde que empezaron a construir en diciembre pasado. Por ejemplo, Galicia o Cantabria que están a punto de estrenar ya 1.900 plazas escolares nuevas.

En ambas autonomías, el sistema que opera es que las admministraciones educativas son las encargadas de planificar la necesidad de plazas escolares, en función del estudio de las necesidades reales, ayuntamiento por ayuntamiento y censo a censo.

Esto se plasma luego en una "adenda" al convenio firmado con el ministerio, en donde se detalla al milímetro el número de unidades, plazas escolares y niños censados en cada municipio.

La gestión de las escuelas infantiles y las plantillas docentes, en el caso de Cantabria, queda en manos de la consejería y, en el caso gallego, en manos de un consorcio con presencia municipal, de servicios de igualdad y participación social.

El PP valenciano llegó a la Generalitat en 1995 con una promesa electoral clara: paralizar la red de escuelas infantiles iniciada por los socialistas y subvencionar la red privada con un bono-cheque a nombre del alumno. El argumento era que resultaba más barato y llegaba a más bolsillos.

La realidad, 19 años después, se ha demostrado testaruda: sólo existen las 33 escoletes públicas de la etapa socialista, 256 privadas y 97 municipales. Mientras el bono infantil y las subvenciones ascienden cada año a 28 millones de euros.

El territorio valenciano tiene 150.000 niños censados, pero en el tramo de 0 a 1 año sólo hay plazas para escolarizar al 4,3% de niños, lo que supone un serio obstáculo para la reincorporación de la mujer al trabajo al término de la baja maternal. Este déficit ha quedado plasmado en el Plan Valenciano para el Empleo (Pavace) 2009-2013, donde sindicatos y empresarios exigen la escolarización de, al menos, 47.000 menores de 3 años al final del plan.

Fiel a la política de privatizaciónes, la Generalitat pidió en mayo al ministro Ángel Gabilondo "flexibilidad" para firmar "convenios con entidades sin ánimo de lucro". Es decir, para seguir subvencionando puestos privados. Ante la negativa, ha optado por hacerlo con Ayuntamientos, prácticamente, sin publicidad ni concurso, en pleno cerrojazo estival.