El Consell pide informes jurídicos para defender su urbanismo ante Luxemburgo

El urbanismo valenciano será juzgado por el Tribunal de Luxemburgo. El pasado 9 de julio este tribunal admitió a trámite formalmente una denuncia de la Comisión Europea contra las leyes urbanísticas valencianas (la LRAU, ya derogada, y la vigente LUV) al considerar que pueden infringir aspectos relativos a la contratación pública, "por la posición privilegiada del primer licitador" en los PAI y en los criterios de adjudicación. Ahora se abre un periodo de alegaciones en las que el Gobierno de la Generalitat está "preparando los argumentos jurídicos convenientes para defender los intereses de la Comunidad Valenciana", según una portavoz de la consejería de Territorio. La Generalitat insiste en que la legislación valenciana "cumple escrupulosamente las exigencias de la contratación pública", y asegura que esta decisión es "un trámite más normal en cualquier proceso". Ahora será el Gobierno de España quien deba defenderse ante esta denuncia según toda la documentación que remita el gobierno valenciano.

El presidente de Abusos Urbanísticos No, Enrique Climent, destacó la "importancia tremenda" que para ellos tiene esta medida que podría desembocar en una sanción y abriría la puerta al cobro de indemnizaciones. En el ámbito político, el portavoz socialista de Urbanismo en las Cortes, Francesc Signes, recordó al presidente Francisco Camps que "es necesario y urgente" escuchar a los empresarios y propiciar un pacto urbanístico "para superar la crisis". Según él es conveniente que la LRAU y la LUV se "refundan en un solo texto que resuelva los incumplimientos de las directivas europeas". El PP contestó lamentando que el PSPV "vaya a rebufo" y recordó el esfuerzo que están haciendo para impulsar la vivienda protegida.