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El Consell plantea una argucia para suplir el recorte a las universidades

El consejero de Hacienda asegura que no peligra el sueldo de los profesores

Ignacio Zafra

Gerardo Camps, vicepresidente segundo de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, aseguró ayer a los rectores que las universidades públicas no sufrirán, en la práctica, el drástico recorte de un 25% de sus fondos ordinarios, los que sirven para pagar las nóminas y las facturas del agua y la luz. La salida propuesta por Camps a los cinco dirigentes universitarios consiste en introducir una argucia en la ley de Presupuestos, que recogerá dos cantidades muy distintas. De un lado 616 millones de euros (en la parte de los números). Del otro, 820 millones de euros (en la parte del articulado), que serán expresados en cifras o mediante una fórmula que dé como resultado esa cantidad.

Los Presupuestos incluirán dos cantidades distintas para los campus

Una esquizofrenia que asumirá la propia ley de Presupuestos, al señalar que esa diferencia de 200 millones se cubrirá recurriendo a créditos extraordinarios, instrumentos presupuestarios u otras modificaciones. El Consell insinuó que ese enunciado podría incluir una referencia a la mejora de la financiación por parte del Gobierno.

Eso fue lo que Gerardo Camps les aseguró ayer a los rectores. Lo hizo en una "reunión privada", en la sede de Hacienda, a la que también asistieron el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, y sus secretarios autonómicos. Camps no les mostró, sin embargo, ningún papel. Las dudas que ello permite albergar quedarán resueltas hoy, cuando Hacienda registre en las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos. Los dirigentes académicos se expresaron, en consecuencia, con sequedad en un comunicado unitario: El Consell informó a los rectores de que la ley "contiene las garantías necesarias para el cumplimiento de los compromisos firmados por la Consejería de Educación en el pasado mes de mayo", se leía en el mensaje. Es decir: no habrá tijeretazo y las universidades podrán elaborar con tranquilidad sus presupuestos internos.

La esquizofrenia de las cuentas de la Generalitat no es una novedad. Los campus vienen padeciéndola desde 2003. Explicado con un esquema: Cada año el documento de financiación universitaria les asignaba una cantidad (llamémosla 100); y cada año el Presupuesto de la Generalitat les asignaba otra cantidad inferior (llamémosla 75). Esa diferencia (25) fue la que provocó la gigantesca bola de 900 millones que la Generalitat debe a las universidades públicas, y que en mayo se comprometió a devolver poco a poco hasta 2023.

Los Presupuestos de 2009 deberán incluir, de hecho, 820 millones de euros para gasto corriente y, además, una partida de 70 millones correspondientes al primer plazo de devolución de la deuda. En total, unos 890 millones.

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La salida diseñada por Camps plantea, aparte de otras cosas, una pregunta clave: ¿Qué pasará si el Consell sólo entrega a las universidades 616 millones, unas de las dos cantidades que figuran en los Presupuestos de 2009? Los gerentes rechazan plantearse esa posibilidad. Pero lo cierto es que, en tal caso, la otra cantidad (los 820 millones) les permitirá endeudarse en operaciones idénticas a las que provocaron la bola de los 900 millones con respaldo de la Generalitat. Es decir: en el peor de los casos la bola seguirá engordando.

"Una reconversión brutal"

Las argucias y la esquizofrenia financiera (sea entre dos documentos, como ocurría hasta ahora, sea en uno mismo, como propuso ayer Camps) preocupa mucho menos a las universidades que un tijeretazo que consideran inasumible. "Si nos recortan un 25% los fondos, tendremos que despedir a gente. Reducir en un 25% el número de trabajadores, reducir un 25% los alumnos... Será una reconversión brutal. Algo que no se ha visto en ninguna comunidad autónoma española en la etapa democrática, ni tampoco en ningún país europeo que yo conozca", señalaba un gerente universitario.

Un área que cuenta con más de 11.000 trabajadores a su cargo, que dan servicio a más de 130.000 alumnos, aparte de su función como motor de la investigación y el desarrollo no puede sufrir un recorte del 25% de su presupuesto y mantenerse en pie, añadía. Como mucho podría derrumbarse y volver a levantarse reconvertido en otra cosa.

El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, acudió ayer a la reunión entre el titular de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, y los rectores, pero su participación en el debate fue mínima. No en vano había defendido públicamente desde el viernes pasado que las universidades tendrían que aceptar el tijeretazo como consecuencia de la crisis económica. Una posición que, al menos en teoría, (si esa teoría es cierta o no podrá comprobarse hoy en el proyecto de Presupuestos) ha quedado desautorizada por el consejero de Economía.

No está siendo un año fácil para Font de Mora, tampoco en esta área. En mayo, dimitió su secretario autonómico de Universidades. A final de la semana pasada dimitió su director general de Universidades, quien, al parecer, pasará a ocupar un puesto en la Diputación de Valencia.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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