El Consell plantea un conflicto de competencias por los chiringuitos
La Generalitat cree prioritario gestionar las terrazas de las playas
Con más de medio millón de parados registrados en las oficinas del Servef y una economía con la mayor recesión de toda España -salvo Aragón-, el Gobierno valenciano planteó ayer un conflicto de competencias para poder gestionar las terrazas de dos docenas de chiringuitos de las playas de la Malva-rosa, Pinedo y El Saler en Valencia. Una cuestión que se ha convertido en prioritaria para el Consell -como la protección de las corridas de los toros, la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia o la caza del parany- por delante de la crisis económica y sus efectos en la Comunidad Valenciana.
El Consell solicitó ayer una reunión de la comisión bilateral de cooperación con el Gobierno central tras sentirse agraviado por una carta del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.
La misiva, respuesta a otra carta de la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, señala que el nuevo Estatut d'Autonomía no otorga "nuevas competencias" a la Generalitat "en materia de gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, referido al otorgamiento de autorizaciones y concesiones de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de las playas". Es decir, el Gobierno considera que el Consell no tiene la competencia sobre las concesiones de los chiringuitos de las playas.
El consejero de Gobernación y desarrollo estatutario, Serafín Castellano, fue quien se mostró más airado. "No hace falta modificar nuestro Estatuto para poder disponer de las competencias de los chiringuitos. Por eso, no nos vamos a resignar, no nos van a callar, porque hay puestos de trabajo en juego". Castellano informó de la situación a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que anunció que mañana irá a los chiringuitos de Pinedo para recontar los agravios del Gobierno a la Comunidad Valenciana.
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, insistió en que el Estatuto no prevé las competencias en la gestión del dominio público marítimo-terrestre y criticó que el Consell reclame "la cesión de competencias sobre los chiringuitos" pero no se comprometa a respetar la legislación vigente que obliga a estos establecimientos a adecuar el espacio ocupado por sus terrazas a los términos de la concesión efectuada. Sánchez de León instó al Gobierno a "negociar una hoja de ruta consensuada" para negociar todas las nuevas transferencias y no hacerlo una a una.
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