El Consell no tomará medidas ante el 'parany' de Castellano

Una cosa es podar un árbol de manera singular, y otra usarlo para cazar tordos. Y, además, para sancionar la práctica ilegal del parany, debe mediar denuncia. La Consejería de Medio Ambiente distinguió ayer estas situaciones para argumentar que no enviará una inspección a la finca de Llíria que alberga un parany y que fue comprada a medias por la esposa de Serafín Castellano, y la mujer de su amigo José Miguel Taroncher, al que el consejero de Gobernación ha adjudicado varias obras.

"Lo que se sanciona es la práctica" de la caza por el método del parany, declarado ilegal por el Tribunal Supremo y el Tribunal de la Unión Europea, según insistió Medio Ambiente. Esculpir las ramas de un árbol para colocar varillas pringadas de una sustancia viscosa en la que quedarán atrapados los pájaros que se posen, sin embargo, no es objeto de infracción. A la consejería no le consta ninguna denuncia o infracción a Castellano por el parany que decora la finca. Sin embargo, el pasado 3 de noviembre la Guardia Civil de Benaguasil sí intervino a Taroncher reclamos ilegales para esta caza tradicional en la Comunidad Valenciana y tramitó una sanción administrativa contra el constructor.

Para sancionar la caza del parany, hay que pillar al cazador in fraganti. Los agentes medioambientales y el servicio del Seprona de la Guardia Civil son los encargados de denunciar esta práctica ilegal ante la consejería. También un particular puede hacerlo, lo que obliga a Medio Ambiente a vigilar la zona para comprobar si se produce la caza con parany. Pero "no hay infracción por trabajar el árbol", recalcó la consejería. El año pasado, se tramitaron 187 denuncias en toda la Comunidad Valenciana.

Los grupos ecologistas critican que Medio Ambiente no persigue como debiera el parany e intenta dar salida a esta caza pese a que es ilegal por su arraigo en Castellón y Valencia. Además, un juzgado de Castellón investiga una denuncia del grupo Gecen que acusa a un cargo de la consejería de no actuar ante sus quejas. En esa línea, el portavoz de Els Verds, Carles Arnal, denunció ayer la "notable falta de eficacia" de la consejería "en hacer cumplir la legalidad vigente, y exigió que se investigue el parany de la finca del consejero Castellano. Compromís presentará iniciativas en las Cortes "para aclarar la situación" y saber "si la consejería conoce el caso y si ha sancionado o piensa sancionarlo", añadió.