El Constitucional condena por tercera vez la opacidad de las Cortes
La oposición aplaude el fallo y sugiere que el PP pretende tapar el 'caso Gürtel'
La sentencia del Tribunal Constitucional que ampara a los diputados de Compromís y declara nulas las resoluciones por las que la Mesa de las Cortes rechazó 29 preguntas y una proposición no de ley de este grupo parlamentario no es la primera que condena la censura del Parlamento autonómico a las preguntas de la oposición. En abril de 2009 el alto tribunal ya falló que la Mesa de las Cortes había vulnerado en 2005 el derecho fundamental de varios parlamentarios al rechazar, sin justificación alguna, varias de sus preguntas al Consell y la comparecencia del entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. El pasado 29 de julio el Constitucional volvió a darle un tirón de orejas al órgano rector de las Cortes con una segunda sentencia en la que volvía a criticar el rechazo sistemático de las Cortes a las preguntas de los grupos parlamentarios de la oposición basándose en una interpretación extensiva e incorrecta del artículo 153 del Reglamento de la Cámara.
Compromís tiene otros cuatro recursos pendientes de resolución
En ambos casos la Mesa alegó que las iniciativas de la oposición se referían a "personas físicas o jurídicas sin trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Valencianas", la misma excusa que le sirvió para rechazar el 9 de marzo de 2009 las 14 preguntas del portavoz de Compromís, Enric Morera, sobre los contratos de la Generalitat con alguna de las 23 empresas vinculadas a la trama Gürtel.
La novedad de este tercer fallo frente a los anteriores es que llega antes de que acabe la legislatura de modo que obliga a la Mesa a reparar el derecho vulnerado mediante la tramitación de las preguntas en cuanto se reanude el curso político el próximo mes de septiembre.
La portavoz adjunta de Compromís en la Cámara valenciana, Mònica Oltra, exigió ayer la dimisión de la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, del anterior vicepresidente y actual secretario del PPCV, Antonio Clemente, y de la vicepresidenta popular de la Mesa, María Fernanda Vidal. Oltra denunció que las Cortes Valencianas estén presididas por personas "que no respetan la Constitución" y lamentó que en la Comunidad Valencia la única manera de hacer cumplir los derechos fundamentales sea a través de los tribunales. Enric Morera lanzó un mensaje a los populares: "No nos van a callar", dijo, al tiempo que estimó que vulnerar los derechos de los diputados implica coartar asimismo el de los ciudadanos.
Los socialistas valencianos también aplaudieron el fallo del Constitucional. La portavoz adjunta del PSPV en la Cámara autonómica, Carmen Ninet, celebró que la sentencia reconozca el derecho de la oposición a saber "qué hace el Consell con el dinero de todos los valencianos" y explicó que el ocultismo de los miembros del PP en las Cortes tiene un único objetivo: "Tapar el caso Gürtel".
Sobre la vinculación de Milagrosa Martínez con la trama corrupta, la secretaria de Organización del partido socialista en la Comunidad, Elena Martín, recordó que en la documentación de la firma Orange Market intervenida por la Brigada de Blanqueo de Capitales, la presidenta de las Cortes y ex consejera de Turismo figura como receptora de un reloj valorado en 2.400 euros que presuntamente le habría regalado Álvaro Pérez, El Bigotes, imputado por los supuestos delitos de asociación ilícita, cohecho, blanqueo y tráfico de capitales y fraude fiscal.
La sentencia del alto tribunal es la tercera pero todo indica que no será la última ya que tanto Compromís como el PSPV tienen recursos pendientes de resolución en el Constitucional. Mònica Oltra recordó que su grupo parlamentario tiene pendientes otros cuatro recursos de amparo, mientras que los socialistas valencianos tienen planteadas 350 preguntas ante este tribunal.
