Corrupción: la parte valenciana del iceberg

La revelación, en un informe policial, de que la denominada trama Gürtel, la red de corrupción que afecta al PP y a varias administraciones gobernadas por ese partido, cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales por los actos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, confirma la presencia de maniobras corruptas en los "grandes eventos" que han caracterizado la política del Consell presidido por Francisco Camps. Es la punta de un iceberg, del que se ha visto hasta ahora sólo una parte, ya que en el Tribunal Superior de Madrid aún hay miles de folios del sumario sobre los que el juez no ha levantado el secreto. La punta de la parte valenciana del iceberg, a su vez, sólo es un fragmento de un conjunto con ramificaciones geográficas y delictivas cada vez más amplias relacionadas con el tráfico de influencias, el soborno, la financiación irregular y el cobro de comisiones.

Canal 9 logró la señal del Papa, de donde sacó provecho la trama corrupta

Las cuentas de la trama registran pagos A y B de un congreso del PP

El Consell auspició la entrada de Ulibarri en el negocio de la TDT

Lo del Papa es muy sintomático porque había muchas sospechas de irregularidades. De una parte, por la cerrada negativa de la Generalitat a hacer públicas las cuentas de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que este periódico publicó finalmente hace unos días para desvelar que esconden la mayoría del coste de la visita papal, más de 12 millones de euros, bajo el epígrafe genérico de "otros gastos". De otra parte, por la desmesura de todo cuanto rodeó el acontecimiento.

En los tiempos de la visita del Papa, precisamente, el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la causa por sus relaciones con la trama, se jactó ante numerosos testigos de haber instalado la mitad de los miles de urinarios que llenaron las calles de Valencia y que quedaron sin usar, en su mayoría, dado que las expectativas de asistencia que tenía la organización no se confirmaron.

Representantes de la Moncloa en los contactos con la Generalitat y con la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia todavía recuerdan la sensación de que había dinero de sobra y una resistencia numantina de la parte valenciana a colaborar con el Gobierno. "Aseguraban que no se trataba de la visita de un jefe de Estado sino de una visita pastoral", recuerda una de las personas de la delegación de Presidencia del Gobierno que, encabezada por el secretario general Nicolás Martínez Fresno, acudió en abril a Valencia a coordinar el protocolo y la seguridad de los actos y que todavía evoca con asombro cómo el entonces consejero de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, levantó la reunión bilateral porque el Gobierno pretendía "capitalizar la visita". Cuestiones de seguridad y protocolo aparte, el Consell se negó a que Televisión Española tuviera nada que ver con la retransmisión de los actos y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia otorgó la señal en exclusiva a Canal 9, de donde acabó sacando provecho la trama corrupta.

Lo hizo mediante un procedimiento que aún no se había acreditado, por lo que se refiere a Valencia, en el modus operandi de la red que dirigía Francisco Correa, en prisión por el caso. Hasta ese momento se conocían adjudicaciones a Orange Market, la terminal valenciana dirigida por Álvaro Pérez, íntimo amigo de Camps, o a otras empresas de la trama, pero todavía no había surgido un ejemplo de la utilización de empresas tapadera para hacerse con adjudicaciones. Teconsa, una constructora que aparece varias veces en las pesquisas sobre la red de corrupción, recibió de RTVV el encargo de sonorizar los actos del Papa en Valencia por 6,4 millones de euros, casi el doble de lo que realmente la trama pagó a las empresas que efectivamente ejecutaron ese trabajo. Por el camino, Teconsa se quedó 200.000 euros y la red Gürtel, más de un millón. Otros 900.000 euros no se sabe todavía a manos de quién fueron a parar.

Por lo que se refiere a adjudicaciones y contratos, por tanto, lo que se conoce hasta ahora de la parte valenciana de la trama es lo siguiente:

Orange Market ha obtenido al menos 45 adjudicaciones de la Generalitat por las que ha facturado 7,1 millones de euros. Se incluyen los contratos del pabellón valenciano en la feria turística Fitur, correspondientes a cinco ejercicios, y contratos relacionados con grandes eventos como la Volvo Ocean Race o la Copa del America. En muchas de las adjudicaciones se habían troceado los contratos para evitar el concurso.

Otras cinco empresas de la trama han contratado con el Gobierno de Camps, dado que ellas mismas declararon a Hacienda 300.000 euros de facturación. Se trata de Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM. El juez ya ha reclamado al Consell "los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato" con empresas de la red.

De lo vinculada que estaba Orange Market a la red corrupta da idea el hecho de que la contabilidad guardada en una unidad de memoria requisada al contable de la trama, José Luis Izquierdo, el "puto pen-drive" al que aludía Correa en una conversación, figuran abundantes entradas de dinero efectuadas desde Valencia y también pagos de asignaciones mensuales a Álvaro Pérez (su "sueldo", que incluía pagas extraordinarias, era de 6.000 euros), así como de otras cantidades a su madre y su hermana. En esa misma contabilidad hay un apartado dedicado al "Congreso Regional de la Comunidad Valenciana" celebrado por el PP en 2002, cuando Francisco Camps era secretario general.

Cobros A y cobros B del PP valenciano se reseñan en la contabilidad sobre ese congreso de 2002. De un coste del congreso de 240.582 euros, se facturaron 90.151 euros en A y 150.421 euros en "cobros B". En la documentación figuran diversos pagos del PP a Orange Market en dinero negro.

Dado que Orange Market obtenía contratos de las administraciones públicas y trabajaba en la organización de actos para el PP, la sombra de la financiación irregular planeaba desde el principio sobre el asunto. Una sospecha de la que la policía halló pruebas.

Cinco constructoras financiaron al PP valenciano a través de la trama de corrupción, según un informe de la Brigada Policial de Blanqueo. Las empresas se hacían cargo de facturas que Orange Market giraba por actos de los populares valencianos. Se trata de empresas tan conocidas como las castellonenses Lubasa y Facsa, la alicantina Ortiz e Hijos y la valenciana Sedesa, de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino, así como de la concesionaria castellonense Piaf. Entre 2005 y 2008, esas empresas lograron contratos de la Generalitat por más de 800 millones de euros.

La querella contra Camps por financiación irregular anunciada por el líder del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, se basa, precisamente, en estas evidencias recogidas en el sumario del caso Gürtel.

Unas evidencias que podrían arrojar luz sobre el episodio más conocido de todo el escándalo de corrupción, el de los regalos a altos cargos, pero que no se incorporaron a la actuación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque, cuando llegaron al Palacio de Justicia de la Glorieta de Valencia, el último día del pasado julio, la Sala de lo Civil y Penal estaba dando carpetazo a la instrucción por cohecho pasivo impropio abierta a Camps y otros tres cargos del PP.

Los trajes regalados a Francisco Camps, al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que el TSJ no consideró suficientes para juzgarlos por cohecho, como había propuesto el juez instructor, José Flors, costaron, según las cuentas de Orange Market, casi 12.000 euros en el caso de Camps, 7.325 en el de Costa, 4.850 en el de Víctor Campos, 9.950 en el de Betoret, y 6.835 en el de Pedro García, director general de RTVV cuando se otorgó el contrato que la red corrupta usó para obtener sustanciosas ganancias.

Hubo otros regalos, de acuerdo con la documentación recogida en el sumario. Unos figuran en la contabilidad, como prendas de ropa regaladas a consejeros y un bolso de Louis Vuitton a Rita Barberá. De las conversaciones grabadas se deduce que la trama hizo gestiones para que Ricardo Costa, que recibió un caro reloj del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se comprara un coche.

La conexión de Rita Barberá con el escándalo tiene otros dos frentes: la Federación Española de Muncipios y Provincias (FEMP) y las concensiones a Ulibarri.

La trama obtuvo contratos de la FEMP, cuando Barberá era presidenta. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, investiga, concretamente, un millón de euros contratados con empresas de la trama. Una parte importante se refiere a la celebración de la asamblea general del organismo en 2003.

Los contratos de Ulibarri con administraciones valencianas del PP son numerosos. Uno de ellos afecta a Barberá porque se trata de la gestión de la televisión municipal de Valencia.

En relación con el negocio televisivo, una de las ramas de las que se sabe poco, de momento, es la concesión de frecuencias de televisión digital terrestre (TDT).

Ulibarri consiguió 13 emisoras de TDT al hacerse con el control accionarial de Mediamed, la compañía que promovieron varios empresarios valencianos cuando se planteó el concurso en 2005. La entrada de Ulibarri en Mediamed, auspiciada por la Generalitat junto a la del empresario Andrés Selma, vino acompañada por la presencia en el proceso de Alberto Dorrego, letrado del Congreso que ha tenido que dejar su puesto, dueño del bufete Eius, para el que trabaja el ex ministro y ex diputado José María Michavila, y asesor del Consell precisamente en la redacción del concurso que adjudicó 42 emisoras de TDT.

El nombre de Ulibarri remite también a negocios urbanísticos, ampliamente citados en el sumario en relación con el municipio de La Nucia.

El urbanismo en La Nucia, cuyo alcalde es Bernabé Cano, del PP, fue objeto de deseo por parte de Correa. Las declaraciones del también imputado Jacobo Gordon, ex socio y vecino de pupitre de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, revelan que Correa intentó con Ulibarri un negocio en un plan urbanístico que acabó cerrando con constructores próximos al alcalde. La Nucia, que en el sumario es epicentro de unas grabaciones sobre orgías sexuales apartadas de la documentación por el juez, puede ser sólo la punta de la vertiente especulativa de la trama. Jacobo Gordon confesó al juez Garzón, que abrió el caso desde la Audiencia Nacional: "Estudiábamos casi 400 terrenos al año para elegir en cuáles invertir".