Cuerda de imputados
Tal como ha poco describía un veterano periodista, la atmósfera política valenciana se ha saturado súbitamente de pestazo chacinero al removerse los asuntos judiciales en que, como es sabido, andan imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PP, Ricardo Costa, y quien preside la Diputación de Castellón, el inefable Carlos Fabra, ese "gran referente moral y ético" a juicio del molt honorable. Los dos primeros tendrán esta semana su tan deseada oportunidad de comparecer ante el magistrado instructor y aventar si pueden los indicios de cohecho que les abruman. El otro, que completa "la tríada de las tinieblas" según la ácida humorada de la diputada de Compromís Mónica Oltra, habrá de neutralizar procesalmente la corajuda iniciativa de una jueza de Nules que pretende abrir la vista oral por uno de los varios delitos que presuntamente ha cometido y que se vienen beneficiando de una tan escandalosa demora como sospechosa laxitud.
No nos incumbe pulsar las teclas jurídicas de estos contenciosos que todavía han de sustanciarse y que seguirán sin duda y por largo tiempo dando carnaza noticiosa a la prensa. Ahora, sin embargo, el rasgo o imagen que compendia este episodio es la cuerda de imputados en que ha venido a parar lo más granado del partido que nos gobierna y que obliga a reflexionar sobre la calidad o catadura de la clase política -y muy especialmente su estamento conservador, pues a cada cual lo suyo- cuando sus más egregios representantes dilapidan de una manera tan deplorable sus créditos personales y electorales.
Resulta obvio que una condena tan generalizada es injusta e infundada, pero habremos de convenir que algo falla y muy gravemente en nuestro universo público y social cuando estos tres egregios personajes no han dimitido ya después de haber sido sorprendidos con las manos en la masa y uno de ellos, incluso, atentando posiblemente contra la salud pública aprovechándose de su cargo corporativo. Nos referimos al rumboso cacique castellonense, capaz de haber resistido el tránsito de diez jueces y juezas titulares y sustitutas, más cuatro fiscales a lo largo de casi seis años sin que las diligencias que le conciernen lleguen a culminar. ¿Puede chocar que el asunto hieda a podrido y los dedos se nos hagan huéspedes? Pues claro que no. Lo que maravilla es que algún insigne portavoz popular sugiera que se les persigue judicialmente cuando, en realidad no pocos de sus correligionarios son carne de trullo con sentencia aplazada.
En todo este esperpento que combina frivolidades y chorizadas hay un personaje que nos atiza la conmiseración, y es el consejero Rafael Blasco, responsable de confeccionar día a día el argumentario con el que las huestes del PP han de defender las excelencias del partido en las inminentes elecciones europeas y que seguramente será extensible a las próximas autonómicas. ¿Qué decir? ¿Cómo endosarle a Rodríguez Zapatero la culpa de estas menores y mayores villanías que se les imputa a los señalados gobernantes valencianos? ¿Y cómo explicar la befa que se hace del Código Ético asumido, pero no aplicado por el partido? No es fácil, pero tampoco nos sorprenderá que la derecha de estos pagos siga llevando el agua a su molino aplazando así una renovación política tan necesaria como enervante y desangelada, todo sea dicho.
