Ecologistas denunciarán la impunidad del 'parany' ante la Unión Europea
Para la organización CABS es un problema internacional
La caza del parany es el nuevo foco de batalla del Comité Contra la Matanza de Aves Silvestres (CABS). "No hay ningún lugar donde haya una forma ilegal y masiva de matanza de aves tan evidente y fuerte como en Castellón", explicó ayer su representante Andrea Rutigiano que, junto a otros activistas, visita la provincia para conocer el problema sobre el terreno. "Es un problema internacional, no local, y requiere intervención de la comunidad internacional, por eso estamos aquí", manifestó.
CABS lleva 30 años luchando en este ámbito y ha ayudado a poner fin a la captura furtiva de aves con trampas en Bélgica, Italia y Malta. Ahora él y otros tres activistas de Reino Unido, Turquía y Ecuador han visitado la provincia de Castellón para conocer la situación real del este método de caza prohibido por la Unión Europea, sobre el que elaborarán un informe para informar a la Comisión Europea (CE).
Los activistas, acompañados por miembros del grupo ecologista Gecen, han visitado casi medio centenar de paranys de Onda, Almassora y Vila-real. "Esto no es furtivismo porque se hace a plena luz del día, la realidad es que es una práctica tolerada e incluso abiertamente respaldada por las autoridades locales", dijo Rutigiano. En estos días han realizado tres denuncias pero la Consejería de Medio Ambiente les ha dicho que no podían acercarse al parany por tener únicamente tres agentes para la provincia.
"Muralla de muerte"
Según Gecen, en Castellón existen de 1.500 a 2.000 paranys activos, lo que supone una muerte anual de aves que va del millón a los tres millones. "Esto es una muralla de muerte para las aves que tratan de cruzar esta barrera", manifestó Tolga Temuge, activista turco. "Respetamos la tradición local pero esperamos que los políticos locales entiendan que es un problema internacional y que se pongan al día en protección de aves".
De estos cuatro días de trabajo de campo se elaborará un informe que la organización llevará ante la Comisión Europea. "Ya hemos pasado datos e informes y nos dicen que no van a aceptar de ninguna forma que las autoridades lo toleren", apuntó Rutigiano.
