Economía considera insostenible el gasto que supone Canal 9
La consejería cree que el sector público está sobredimensionado
Los nuevos responsables de la Consejería de Economía, Industria y Comercio asumen con buen criterio que el sector público empresarial de la Generalitat Valenciana está "absolutamente sobredimensionado", pero conceden que el necesario recorte exige el concurso decisivo y la voluntad política efectiva del presidente del Consell.
El gasto que representa Canal 9 para las arcas públicas, por ejemplo, es claramente "insostenible", en palabras de un alto cargo del Consell, pero cualquier decisión respecto al futuro de la Ràdio Televisió Valenciana excede las competencias de la nueva consejería y compete en exclusiva al consejo de administración del ente público, una entidad autónoma que no está adscrita a ninguna consejería en concreto.
Ni Verdeguer ni Vela tienen ningún interés por aparecer en la foto
El sinnúmero de empresas, fundaciones y entidades públicas que han proliferado a lo largo de los últimos años resultan insostenibles ante el pavoroso descenso de los ingresos públicos como consecuencia del descenso de la actividad económica. Los responsables de Economía y de Hacienda comparten el diagnóstico, pero los posibles recortes tendrán que ser visados por el pleno del Consell y difícilmente podrán ser aprobados antes de que se elaboren los próximos presupuestos de la Generalitat, que deben presentarse ante las Cortes Valencianas antes del último día del próximo mes de octubre.El grupo empresarial de la Generalitat directamente adscrito a la Consejería de Economía representa un total de 16 empresas y entidades públicas. Los nuevos responsables de la consejería prefieren hablar de una "racionalización" de los recursos públicos antes que apuntar recortes en el gasto. Pero, además, explican que la tarea, que se puede prolongar durante dos o tres años, exige la participación de todos los miembros del Consell. Grandes empresas como el Instituto Valenciano de la Vivienda, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana o la propia Ràdio Televisió Valenciana exceden el ámbito de competencias de la Consejería de Economía y de la secretaría autonómica para la racionalización del sector público que se ha encomendado a Bruno Broseta.
Una de las primeras opciones para recortar la estructura adscrita a Economía pasa por la fusión del Instituto Valenciano para la Exportación (Ivex) y el Instituto Valenciano para la Pequeña y Mediana Industria (Impiva). El equipo responsable de Economía, que encabeza Enrique Verdeguer, apuesta, sin embargo, por mantener la autonomía de ambas entidades porque la fusión "generaría más problemas". Los nuevos gestores de Economía asumen que es necesario cerrar varias de las oficinas en el extranjero porque no resultan rentables, pero sugieren que lo más operativo es que algunos consejeros del Ivex y del Impiva participen en la dirección de ambas instituciones, algo que ya está solucionado, para evitar duplicidades y unificar, en la medida de lo posible, las vías de acceso de las empresas a las ayudas públicas.
Tanto el Plan Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace) como la Estrategia de Política Industrial hasta 2015, solemnemente suscrita en noviembre pasado en el Palau de la Generalitat por la patronal autonómica y los secretarios generales de los sindicatos más representativos, son "marcos" que vinculan la acción de los nuevos responsables de Economía.
El texto del Pavace resulta muy atractivo pero no contiene compromisos numéricos, un gran alivio para los gestores de un presupuesto necesariamente restrictivo.
La EPI, por otro lado, representa una partitura sonora que apunta en la dirección adecuada, pero todavía es necesario fijar los hitos que deben sucederse para su efectivo desarrollo.
Los primeros contactos entre el equipo de Economía, los responsables patronales y camerales y los dirigentes sindicales han estado presididos por la cortesía. Hasta septiembre será difícil entrar en materia.
A favor de los responsables de Economía juegan su carácter técnico y sus buenas relaciones con el equipo de Hacienda, que encabeza José Manuel Vela, amigo de Bruno Broseta desde la infancia.
En contra, la difícil tesitura política que atraviesa el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a punto de afrontar una vista oral por un supuesto delito de cohecho impropio.
La reciente elección de José Vicente González como presidente de la patronal autonómica Cierval es otro activo para el equipo de Economía. González es el responsable inequívoco de la primera estrategia de política industrial asumida por la Generalitat desde que Eduardo Zaplana ocupó la presidencia del Consell en julio de 1995.
Ni Verdeguer ni Vela tienen la vocación política que acumulaban sus predecesores en los mismos cargos, Vicente Rambla y Gerardo Camps, que fueron respectivamente vicepresidente primero y segundo del último Consell de Francisco Camps. Por la misma razón, si culminan con éxito algunos de sus objetivos, pueden atesorar una autoridad política que los convierta en imprescindibles.
De momento, ambos prefieren la tarea de despacho a las comparecencias públicas. Ninguno de los dos tiene el menor interés en pelear por aparecer en la foto. Y, según sus allegados, ambos están decididos a asumir exclusivamente los compromisos que efectivamente puedan ejecutar.
