Enrique Ortiz: "No sé nada de nada"
El dueño del Hércules minimiza su supuesta implicación en tramas corruptas
Está en el ojo de huracán mediático por su implicación en las dos supuestas tramas corruptas más relevantes de la Comunidad Valenciana (caso Gürtel y caso Brugal), y su protagonismo en el escándalo de la compra de partidos del Hércules. Conocedor de esta realidad, Enrique Ortiz, promotor y máximo accionista del Hércules CF, optó ayer por el silencio oficial en su primera aparición pública en las últimas semanas, al margen de los actos vinculados con actividad estrictamente deportiva del club. "No sé nada de nada", espetó a cualquier intento de los periodistas por recabar su opinión sobre esas cuestiones.
El empresario acudió a la Cámara de Comercio de Alicante para arropar a la directiva herculana, que preside el también constructor Valentín Botella, en la presentación de un informe sobre el impacto económico del ascenso del equipo a Primera División. El estudio, elaborado por los técnicos del ente cameral, estima en 17,4 millones el impacto económico que generara el ascenso del Hércules. El aspecto más destacado, es el efecto mediático, valorado en 6,6 millones.
La parquedad del empresario a micrófono abierto contrastó con su locuacidad en el mano a mano privado con los periodistas. En ese ámbito, el popular empresario sí se explayó. Tildó de "mentiras" las informaciones sobre la compra de partidos la pasada temporada para garantizar el ascenso del equipo. Los supuestos sobornos están recogidos en las escuchas telefónicas del caso Brugal. Los tribunales han archivado las diligencias porque penalmente las prácticas para adulterar resultados deportivos no serán delito hasta el 22 de diciembre de este año. En esa línea minimizó su implicación en el caso Gürtel y Brugal y dijo no saber nada de la investigación. En este segundo sumario está imputado por supuesto cohecho y fraude, "pero igual acabo como testigo", puntualizó.El silencio del adjudicatario de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja, el promotor Enrique Ortiz, en unión con la firma Cespa, contrastó con el intercambio de declaraciones de las otras dos partes implicadas en el proyecto: el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, impulsor de la instalación a través del consorcio provincial de residuos sólidos, y la alcaldesa de Orihuela, la popular Mónica Lorente.
La adjudicación de la planta ha sido declarada nula por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante. Ortiz aseguró que no sabía nada de la sentencia, Ripoll dejó en manos de Consorcio un posible recurso y Lorente abogó por no acatar el fallo y, por ende, sacar el municipio, en concreto de la pedanía de Torremendo, la industria.
Esta contrata, junto con la del municipio de Orihuela, están en el epicentro del caso Brugal, en cuyo sumario están imputados, entre otros, Ripoll y Ortiz y Lorente.
La juez ha decretado ilegal la adjudicación a raíz de un recurso de los vecinos. La magistrada considera que se vulneraron los requisitos recogidos en el pliego de condiciones en el apartado de la ubicación. La mejor oferta era el emplazamiento en el término municipal de Albatera y el Consorcio optó por Torremendo.
"Si una sentencia dice que no está bien hecho, pues mi deseo es que no se recurriese", señaló ayer la alcaldesa oriolana en declaraciones recogidas por la agencia Efe. Según Mónica Lorente, el consorcio eligió la pedanía de Torremendo como emplazamiento de la planta en una junta de gobierno: "De la que yo no era miembro", puntualizó.
Nuevos accesos
La regidora remarcó que exigió una serie de condiciones en caso de que la ubicación elegida fuera, como sí resultó, Orihuela, entre ellas que el vertedero estuviese lo más alejado posible del núcleo poblacional y la construcción de nuevos accesos para el tráfico pesado. Lorente abogó porque la instalación no se ubique en Orihuela, "que ya está machacada".
Ripoll aseguró que será la junta del consorcio el órgano que decida la viabilidad de presentar un recurso a la sentencia. No obstante, Ripoll destacó que el proyecto ha sido ya objeto de nueve litigios, "de los cuales tres han sido favorables al consorcio y éste es el primero en contra".
