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UN PROMOTOR DENUNCIA AL PRINCIPAL IMPLICADO DEL 'CASO BRUGAL'

Enrique Ortiz tuvo información privilegiada del PGOU de Alicante

Ramón Salvador ratifica ante el juez el contenido de una grabación

El empresario de la construcción Ramón Salvador Águeda, imputado en la pieza del caso Brugal que trata de esclarecer las supuestas irregularidades en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ratificó ayer la conversación recogida en la investigación en la que el promotor Enrique Ortiz le aseguraba tener información del planeamiento antes de que éste saliera a exposición pública.

Así lo aseguró tras la declaración de Salvador Águeda el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero. Águeda fue el único de los tres empresarios que ayer acudieron al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante que accedió a declarar.

Salvador está imputado por un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada en relación con unos terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo PGOU. En su declaración, el empresario ilicitano aseguró que "efectivamente se produjo" la conversación en la que Ortiz le informó de que disponía del detalle del planeamiento. La conversación telefónica a la que se refirió se mantuvo el 25 de agosto de 2008, dos meses antes de que el PGOU saliera a exposición pública. Esta es la transcripción de la primera parte de esta charla, grabada por la policía, en la que Ortiz y Salvador hablan del PGOU de Alicante:

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Los empresarios que no declararon

-Salvador. ¿El plan general cómo lo ves, querido?

-Ortiz. ¿Tienes suelo por allí o qué?

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-S. Sí

-O. Yo te lo puedo enseñar todo, me dices dónde lo tienes y yo te lo digo, porque si hay que hacer algo, hay que hacerlo ya.

El fiscal preguntó al empresario por su relación con Javier Gutiérrez, socio de José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP) en Salvetti Abogados y que según la acusación diseñó a medida de Salvador un cambio de calificación de terrenos de su propiedad en el nuevo PGOU. El informe policial apunta al bufete como una de las claves del supuesto amaño del planeamiento de Alicante a favor de Ortiz. Salvador admitió conocer a Gutiérrez pero aseguró que éste jamás le dijo que colaboraba en el PGOU.En otro momento de la conversación interceptada por la policía entre Enrique Ortiz y Ramón Salvador ambos hablan de los terrenos del constructor y se refieren a Gutiérrez, socio del hermano de Castedo:

-O. Pues esa zona no sé, creo que tengo todos los planos menos esa zona, pero ¿tú te has ocupado de hablar con Javier [Gutiérrez] para que lo metieran?

-S. Claro.

-O. Ah, pues entonces estará metido.

-S. Claro, si él me dijo que sí, entonces un año.

-O. Pues ya está seguro, si él te dijo que sí, eso no hay problema.

El empresario ilicitano no respondió a las preguntas de los abogados de la acusación particular. A la salida de los juzgados, Salvador aseguró no tener nada que ocultar, criticó "el circo mediático", calificó de "tonterías" las acusaciones que apuntan a la existencia de tráfico de influencias y consideró que en España hay una "persecución política" a los promotores, lo que repercute aún más negativamente en el mercado laboral. Él mismo, aseguró, ha tenido que irse a trabajar al extranjero.

La declaración del empresario provocó la reacción de la oposición política de Alicante. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Elena Matín, defendió que tras esta ratificación realizada por Águeda ya no son solo las escuchas las que apuntan que en la tramitación del PGOU de Alicante hubo información privilegiada. Martí aseguró que la alcaldesa de Alicante "no puede eludir su responsabilidad política y posiblemente otras que podrían deducirse de las actuaciones judiciales, porque es un hecho incuestionable que ella era la responsable del área de Urbanismo cuando se filtró información privilegiada, que esta llegó a manos de Ortiz y otros empresarios interesados y al despacho de abogados urbanistas con el que presuntamente colaboraba su hermano". El PSPV recordó que los redactores del PGOU de Alicante entregaron el primer borrador del documento el 1 de julio de 2008, aunque el documento no salió a exposición pública hasta el 15 de octubre.

También EU salió al paso de esta declaración judicial. "Nos parece muy importante que gracias a esta ratificación se demostraría que Enrique Ortiz tenía la documentación del PGOU de Alicante antes de que saliera a exposición pública y cuando no tenía que contar con ella", subrayó Miguel Ángel Pavón, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante. "¿Quién se la facilitó?", agregó. El edil también confió en que no se anulen las conversaciones recogidas durante la investigación.

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