La Eurocámara pide más datos sobre abusos urbanísticos

La europarlamentaria danesa Margrete Auken, encargada de redactar el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, inició ayer una nueva ronda de entrevistas con los sectores implicados antes de formular sus recomendaciones.

Auken, acompañada del también eurodiputado verde David Hammerstein, mantuvo ayer distintos encuentros con el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón; la asociación de constructores, la federación de promotores y la Corporación municipal de Parcent. Un municipio que se ha convertido en un referente de los abusos urbanísticos, después de que el Tribunal Superior de Justicia emitiese un auto que paralizaba varios planes urbanísticos de gran envergadura, tramitados al margen del plan general, por considerar que alteraban sustancialmente la fisonomía urbana y demográfica de Parcent.

En sus reuniones, la ponente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se interesó por los criterios por los cuales se establece en la Comunidad Valenciana que una urbanización es de interés público. Margrete Auken, según fuentes conocedoras de los encuentros, también encontró buena disposición en sus interlocutores para aprovechar el parón del sector inmobiliario y elaborar un marco legislativo nuevo más respetuoso con las personas y el medio ambiente.

La Federación de Promotores pidió a la delegación de europarlamentarios que otorgue a los tribunales españoles la misma credibilidad que concede al Parlamento Europeo y tachó de "novela de ficción" los abusos denunciados en algunos medios de comunicación ingleses. Los promotores fueron el colectivo más reacio a modificar un marco legislativo que, en su opinión, ahora tiene una "mayor transparencia y una definición más clara del interés público".

Hammerstein explicó ayer que el calendario previsto es que la Comisión de Peticiones presente su informe entre el 19 y el 20 de enero, tras lo cual se abrirá el periodo de presentación de enmiendas, que se debatirán en febrero, antes de remitir el documento al pleno del Parlamento Europeo en marzo.

La delegación tiene previsto mantener hoy otras reuniones en la provincia de Alicante, después de que el Gobierno español declinase opinar sobre un conflicto que compete a la Generalitat.