Expediente de Trabajo por la contratación en Vaersa

Los conflictos laborales en la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, han acabado ante la Inspección de Trabajo. Los representantes de la Intersindical Valenciana en la empresa anunciaron ayer que las inspecciones territoriales de Alicante y Valencia han levantado acta por seis infracciones graves relacionadas con la política de contratación del personal de las unidades de vigilancia forestal de Vaersa.

En el caso de la provincia de Valencia, la Inspección constata cinco infracciones administrativas en materia laboral que están tipificadas como graves, por lo que inicia un procedimiento sancionador. Fuentes de la Intersindical Valenciana explicaron que el acta censura contratos en prácticas que no cumplen los requisitos, empleos eventuales que deberían ser fijos, y también que Vaersa se acoja a contratos bonificados que no le corresponderían por ser una empresa pública. El sindicato protesta desde hace años por la negativa de Vaersa a hacer fijos a cientos de trabajadores que participan en la prevención de incendios. La resolución de la Inspección en Valencia afectaría, según la Intersindical, a unos 800 trabajadores, a los que les queda la opción de llevar a la empresa a juicio con el respaldo del acta del Ministerio de Trabajo.

"Nos encontramos con que la práctica totalidad de los modelos de contratación de Vaersa puede estar en fraude de ley o presentar serias irregularidades", advirtió la Intersindical, que exigió a la Generalitat la "inmediata corrección" de esta situación.

En la provincia de Alicante, la Inspección propone una sanción de 3.126 euros por infracción grave tras comprobar que se emplea a trabajadores con contratos de fijos discontinuos que deberían ser de plantilla. El acta explica que se da el caso de brigadas de las unidades de prevención de incendios que prestan servicio todo el año y concluye que Vaersa incumple el Estatuto de los Trabajadores. En Alicante son cerca de 300 los trabajadores para los que el sindicato pide un contrato fijo. Este periódico intentó ayer sin éxito recabar la opinión de la consejería sobre las actas de la Inspección.