Fabra pisa un charco

El presidente Alberto Fabra y la alcaldesa Rita Barberá han arremetido esta semana contra la justicia porque consideran que su partido, el PP, viene siendo perjudicado por la actuación de los tribunales. Es, por cierto, una reiterada queja de los conservadores contra un estamento teñido tradicionalmente por el conservadurismo. El consejero de Justicia -y fiscal de profesión-, Jorge Cabré, se ha limitado a no desmentir las críticas. Qué remedio. A nuestro parecer, el molt honorable ha pisado un charco que muy bien hubiera podido eludir, pues hoy por hoy no está implicado personalmente en ningún contencioso ni ha de sentirse obligado a solidarizarse con la caterva de cofrades empapelados por desmanes y corruptelas que, por su número, bien pueden estar saturando las oficinas judiciales.

Otra cosa es que el presidente hubiese clamado por la grave situación material de la justicia en la Comunidad debido a la escasez de plantillas, deficiencias del sistema informático y esas otras peplas que periódicamente son denunciadas por miembros responsables o portavoces del estamento judicial. Pero, claro, habida cuenta del miserable trance de las finanzas públicas y la imposibilidad de abordar las soluciones, el discurso quedaba en mera banalidad. Más le hubiera convenido darle una larga cambiada tanto al funcionamiento de la justicia como al trato que recibe la patulea de populares enredados con ella. Cualquier cosa, menos acusarla concretamente de parcial y lesiva para con algunas personas e instituciones de este Gobierno autonómico. Una afirmación de este jaez y dicha por tales quejosos requiere audacia o mucho morro.

No nos corresponde ni nos tienta romper una lanza por la calidad de la justicia, pero sí creemos oportuno argüir que, probablemente, las insistentes quejas del PP no se producirían si el partido hubiera optado oportunamente por separar de los cargos a todos los implicados en presuntos delitos de corrupción. Verdad es que, dada su cantidad y a menudo relieve político, el partido se habría quedado en cuadro. No olvidemos que desde Torrevieja hasta Castellón este colectivo también está vertebrado por una tupida cuerda de chorizos. De ahí que, primero, haya usado y abusado del filibusterismo procesal, prolongando las causas, incluso hasta la prescripción de los delitos, a lo que obviamente contribuye la ineptitud del sistema; después o simultáneamente ha desdeñado la justicia, reputada de imparcial, tal como glosamos en estas líneas, y además, abrumado por contundencia de las acusaciones e ineluctables condenas, se ha aclamado a los votantes, confundiendo el resultado de las urnas con la absolución de los delitos. Una patochada que, por más que delate una inmadurez democrática, ha funcionado. Su electorado no será idiota, pero sí asombrosamente laxo.

Y una nota acerca del concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, y varios técnicos municipales, juzgados por prevaricación y absueltos con insólita diligencia judicial y gran contento de sus cofrades. Correcto. Pero aunque los acusados procediesen de buena fe, delataron su ignorancia acerca de la condición del espacio protegido sobre el que autorizaban una actuación. Cuesta tragar tamaña inopia colectiva, pero ya se ve que han preferido el susto antes que la muerte. O lo que es igual: han preferido pasar por incompetentes antes que por corruptos, como pronosticó la diputada de Compromís, Mónica Oltra. ¡En qué manos estamos!