Fabra remata a Camps
En realidad, a Francisco Camps quien lo está rematando es su sucesor, Alberto Fabra, con sus constantes posicionamientos en las antípodas. Es cierto que la gestión del expresidente al frente de la Generalitat, sin entrar a hacerle la autopsia, ha quedado emborronada para siempre con tinta china por un acontecimiento judicial que, más allá del fallo del juez, ya le ha acarreado el desprestigio político y ha adherido a su figura un tufo infecto perpetuo, pero quien está desguazando su talla política y cegándole el paso a un hipotético regreso es carne de su carne.
Ungir Mariano Rajoy a Fabra y empezar la demolición de Camps fue todo uno. El exalcalde de Castellón exhibió en seguida un talante insólito en la presidencia del Consell. Sorprendió con los afectados por el accidente de metro y familiares de las víctimas, y con los vecinos y comerciantes de El Cabanyal. Y lo volvió a hacer el viernes tras el pleno del Consell, cuando, forzado por la delicada situación financiera del Gobierno valenciano, la desesperación de los acreedores y la presión del inicio de la campaña electoral, pidió perdón a los proveedores por los retrasos en los pagos en una comparecencia que vistió como balance de sus 100 días.
Aunque Fabra no resuelva los problemas (a las víctimas del metro no les ha solucionado nada, lo del Cabanyal sigue como está y los proveedores ya veremos cuándo cobran), por lo menos no los rehuye ni los ignora como acostumbraron Camps y el séquito de hermetistas que lo siliconaron en su despacho gótico. Por eso, cada vez que Fabra hace un gesto público, subraya en fosforescente los defectos de su antecesor; cada vez que habla, le echa una pala más de tierra sobre su hoyo.
Una vez Fabra ha marcado perfil y ha establecido frente Camps la distancia que va del día a la noche, ya solo queda por despejar si su empatía (de la que emana la actitud conciliadora y comprensiva con los que sufren) tiene como fecha de caducidad el 20 de noviembre o si, por el contrario, no se trataba de una calculada estrategia para rebajar la presión que constreñía al Gobierno y el PP valencianos por el caso Gürtel y conjurar posibles (aunque inciertos) efectos secundarios electorales.