La Fiscalía de Castellón pide al Supremo que se pronuncie sobre el 'parany'
Las discrepancias entre fiscales y magistrados a la hora de calificar como delito o no la caza del parany ha llevado a la Fiscalía de Castellón a pedir un pronunciamiento expreso del Tribunal Supremo que solucione la "gran inseguridad judicial", ya que aunque los fiscales inician procedimientos penales por este método de caza ilegal estos acaban siendo archivados al llegar a la Audiencia, que solo ve infracción administrativa.
La caza con parany está prohibida por tres sentencias que la definen como un método no selectivo. Pero la Generalitat modificó la Ley de Caza Valenciana para legalizarla, lo que provocó a su vez un recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional que, por ahora, ha derivado en la prohibición del parany hasta su pronunciamiento. Pese a ello, a la Fiscalía de Castellón siguen llegando denuncias contra paranyers. En enero la Consejería de Medio Ambiente remitió 138 y, en todos los casos, se abrieron diligencias. "El problema es que nosotros lo consideramos delito, pero la Audiencia lo archiva porque considera que no lo es", explica la fiscal especializada en Medio Ambiente de Castellón, Dolores Ofrecio.
Cabe recordar que, tras la modificación de la Ley de Caza, la Fiscalía General del Estado remitió un oficio a Castellón, Valencia y Tarragona para dar instrucciones al respecto y mantener la aplicación del Código Penal, por encima de la normativa autonómica. Pero la memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente de 2010 sigue haciéndose eco de los archivos de las Audiencias provinciales. Así, Ofrecio recuerda que en Tarragona una sala archivaba y otra no. "Ahora hay acuerdo y las dos consideran que no hay delito", dice. Es un ejemplo de la inseguridad jurídica.
Es por esta razón que, indica, "sería de indudable interés" que el Supremo se pronuncie para atajar las discrepancias, y así lo ha plasmado en la memoria. No obstante, apunta, "habrá que ver también qué efecto tiene la reforma del Código Penal".
